martes , agosto 9 2022

Procurador Tobar afirma ser objeto de “acusaciones subjetivas” hacia su trabajo como defensor de derechos humanos

Acompañado de altas autoridades de seguridad, el procurador verificó por primera vez desde el 27 de marzo –cuando se decretó el régimen de excepción- una penitenciaría. Su informe no evidencia mayores hallazgos en contraposición a testimonios y casos documentados de personas que han sufrido una detención arbitraria y violaciones a sus derechos humanos.


El procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, informó en un comunicado que El Salvador vive “una etapa inédita en el enfrentamiento al endémico problema de seguridad”. A su juicio, esta situación de inseguridad, iniciada luego de los Acuerdos de Paz de 1992, fue provocada “por la falta de políticas públicas durante los gobiernos de turno que provocó la profundización de los problemas sociales, económicos y sociales propios de la post guerra”.

El funcionario, acompañado de altas autoridades del área de seguridad, visitó el 29 de junio la penitenciaria “La Esperanza”, en las afueras del norte de San Salvador; la primera vez desde que se decretó el régimen de excepción el 27 de marzo, por 30 días, mismo que ha sido prorrogado por periodos iguales en tres ocasiones.

En su comunicado, el titular de esta institución, nacida en virtud de los Acuerdos de Paz y con claros mandatos constitucionales, dijo que en el marco del régimen de excepción ha emitido tres informes, los cuales han sido enviados a diferentes miembros de la comunidad internacional y autoridades gubernamentales vinculadas al tema de seguridad.

“No obstante, la Procuraduría ha sido objeto de acusaciones subjetivas provenientes de sectores que ven en la confrontación, la herramienta de la desinformación”, expresó el procurador Tobar, sin especificar a quiénes se refería.

“Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en más de una ocasión, he expuesto a la opinión pública que la PDDH no sigue ni trabaja sobre la agenda de nadie; tampoco se prestará para hacer acciones de instrumentalización que estén encaminadas a la política partidarista”, sostuvo.

Explicó que en su calidad de procurador “no tenía acceso a verificar la condición de las personas privadas de libertad, desde la instauración de las medias extraordinarias adoptadas en los diferentes centros penales de El Salvador”, pero que “no ha cesado en la tarea de promover el trabajo articulado con las diferentes instituciones del Estado para promover la gobernabilidad efectiva que lleve satisfacción a las necesidades de la población y evite las afectaciones a sus derechos humanos”.

El procurador verificó que los privados de libertad reciben alimentación tres veces al día; aunque han experimentado problemas de abastecimiento de agua y dificultades con la comunicación hacia sus familiares.

También registró una “reducción drástica del espacio físico” debido a la carga a la que está sometido el sistema penitenciario producto de las capturas masivas. Datos del Ministerio de Seguridad informaron que hasta el 30 de junio se contabilizaron 43,567 personas capturadas desde el inicio del régimen de excepción.

Este es el inicio de una serie de visitas que la PDDH realizará en todos los centros penales del país, explicó.

El funcionario, entre otras medidas, recomendó al gobierno la aplicación permanente de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como «Reglas de Mandela» y que se procure de forma permanente la mejora de los espacios físicos y la habilitación de otros que presten las condiciones requeridas en los estándares internacionales de tutela de los derechos hacia las personas privadas de libertad.

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Director editorial

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