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La abogada del equipo de justicia transicional de Cristosal, Irene Gómez, manifestó en redes sociales que la ley de justicia transicional que adelanta el gobierno protege a los victimarios, al blindar a la Fuerza Armada y evitar la apertura de sus archivos.
Según la experta, el gobierno propone que la entidad coordinadora de la aplicación de la ley, el Consejo Nacional de Verdad y Reparación Integral (CONREPARA), esté conformada principalmente por entidades gubernamentales, dejando de lado a las víctimas.
“Hablan de reparaciones, pero están condicionadas. Las decisiones serán tomadas por 8 representantes del Estado y han dejado solo 2 representantes de organizaciones de víctimas”, dijo.
Esto significa que las decisiones de la entidad que se encargará de velar por la aplicación de la ley serían adoptadas, principalmente, por fuerzas oficialistas.
Recalcó que la propuesta del gobierno no incluye la obligación a la Fuerza Armada a entregar los archivos militares que tiene sobre el conflicto armado, con lo cual avanzarían judicialmente los casos de crímenes de lesa humanidad al conocerse la verdad de los hechos.
En cuanto al tema de justicia –amplió la experta- la propuesta gubernamental no establece un proceso a seguir y tampoco se aborda el tema como tal. “Solo se establecen conceptos, pero nada relacionado con el proceso penal”, indicó.
“Ya existe una verdadera propuesta de Justicia Transicional y las víctimas la presentaron en la Asamblea Legislativa hace casi un año. Hasta este momento la Comisión de Justicia y DDHH no ha querido estudiarla a pesar de que es su obligación”, explicó Gómez.
Según su análisis, la propuesta del gobierno ha retomado varios artículos de la propuesta de las víctimas, pero ha obviado esos puntos importantes.
Sus argumentos son en respuesta a una información divulgada por el matutino La Prensa Gráfica, medio que tiene en su poder la versión trabajada por la Vicepresidencia de la República titulada “Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado Salvadoreño”, un texto de 81 artículos.
Los comités de de víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron en octubre de 2021 una propuesta de ley que plasmaba en papel sus exigencias para poder obtener verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria histórica, pero esta no ha sido abordada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la oficial de programa de la Fundación por el Debido Proceso (DPLF), Sonia Rubio, aludió a la promesa del presidente Nayib Bukele mientras estaba en campaña de abrir los archivos militares “de la A a la Z” para los casos de crímenes de lesa humanidad del conflicto armado. “Ahora bien, de nuevo «vuelve el cántaro al río» (si es que alguna vez salió), a esas prácticas negacionistas, indolentes, que solo perpetúan la impunidad y el desprecio a las víctimas. La «bendita» promesa de #ArchivosDeAalaZ, es cosa del pasado…”, dijo en un tuit en reacción a la noticia de La Prensa Gráfica.
