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En el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Agudo, acotó que los proyectos empresarios de gran escala están obstaculizando la realización del derecho al agua potable y saneamiento de los pueblos indígenas del continente.
Específicamente, el relator especial señaló a los proyectos mineros e hidroeléctricos como las principales causantes de consecuencias nocivas a los reservorios de agua que se encuentran en territorio de los pueblos indígenas.
“La minería cielo abierto no solo destruye sus territorios, manantiales, ríos y acuíferos, sino que envenena sus aguas con vertidos tóxicos. La construcción de grandes presas hidroeléctricas inunda espacios habitados y espacios vitales para su supervivencia. Crece el acaparamiento de tierras y aguas en sus territorios para grandes desarrollos agroganaderos que suelen contaminar sus aguas”, expresó en un video que fue proyectado en la sesión del consejo.
En países centroamericanos se ha visto distintos ejemplos de estas prácticas que, de acuerdo con organizaciones ambientalistas, amenazan el hábitat de pueblos indígenas y la sociedad en general.
En El Salvador, la población indígena organizada ha logrado frenar la implementación de una octava represa hidroeléctrica en el río Sensunapán de Sonsonate. “Nosotros decimos que la octava (represa) hidroeléctrica lo que vendría a hacer es darle el tiro de gracia al río porque lo matarían por completo”, manifestó Enrique Carías, uno de los integrantes del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Comunes de Nahuizalco.
Si bien existe la práctica de la minería en el país, desde 2018 el tipo de minería metálica está prohibido. Sin embargo, en Guatemala, el proyecto minero Cerro Blanco en el municipio de Asunción Mita amenaza con la contaminación irreversible de cuerpos de mantos acuíferos guatemaltecos y cuerpos de agua como el lago Güija y el río Lempa en El Salvador.
Recientemente, la población de Asunción Mita rechazó el proyecto minero a través de una consulta popular. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dijo en un comunicado que no reconocía el resultado de la votación, pues solamente ellos están autorizados a dictar la política del gobierno con respecto al sector minero.
El relator especial Pedro Agudo catalogó esta práctica de no realizar consultas con las comunidades afectadas por proyectos extractivistas como “argumentos falaces” del poder establecido. “Se suele relegar su derecho a la consulta previa, libre y bien informada, bajo argumentos falaces de soberanía nacional o de defensa del interés general de la nación, para en el fondo dar prioridad a los intereses de grandes corporaciones frente a derechos humanos de pueblos indígenas y no indígenas”, explicó.
Entre otros, el relator especial también mencionó la criminalización, amenaza y asesinato de personas ecologistas que luchan a favor de los intereses de la población indígena, como Berta Cáceres en Honduras. La ambientalista fue asesinada en 2016 en Intibucá, Honduras. La lideresa lenca denunció a la empresa DESA por la implementación sin consulta previa de cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, un río sagrado para el pueblo lenca.
“Es primordial que los Estados den reconocimiento jurídico a la condición de los pueblos indígenas y sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos, incluidos los ecosistemas acuáticos, como condición previa para garantizar la realización de sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento”, concluyó el relator en su informe escrito para el Consejo de Derechos Humanos.
