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“En vez de romper el círculo, lo reproduce. Básicamente, el régimen de excepción, en vez de combatir o generar una seguridad, en un futuro va a reproducir la violencia y va a generar un nuevo escenario de inseguridad porque son jóvenes que ya de por sí, estaban excluidos de la educación, de los servicios básicos y también en situación de pobreza”, sostuvo Úrsula Indacochea, coordinadora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
“Al no tener educación no pueden salir de esa pobreza y de esa marginalidad que justamente los llevó en un primer momento a delinquir y que los empuja otra vez a delinquir. Es un círculo vicioso”, agregó Indacochea.
Durante el foro “(In)debido proceso: análisis de las reformas que acompañan el régimen de excepción en El Salvador”, expertos en derechos humanos lamentaron como el régimen de excepción y las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, desde marzo de 2022 a la fecha, han vulnerado el debido proceso, la libertad personal, presunción de inocencia, entre otras garantías. Entre estas reformas, enfatizaron las referentes a la Ley Penal Juvenil: articulo 8, 16 y 18.
Indacochea explicó que previa a dichas reformas, la legislación salvadoreña establecía unas medidas para los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal que no incluían la prisión, sino que otras medidas como orientación y apoyo sociofamiliar, amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida y, como última, internamiento, según el artículo 8 de la Ley Penal Juvenil.
“Las reformas incluyen la prisión y ahí directamente se contravienen las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala que la medida de prisión debe ser la última medida. Solamente por el menor tiempo que sea posible. Y aquí estamos viendo que las reformas imponen la prisión con hasta 10 años de cárcel para menores entre 12 y 16 años y hasta 20 años de prisión para jóvenes entre 16 y 18 años”, indicó la representante de DPLF.
Indacochea señaló que es el Estado salvadoreño el que debe proteger la integridad de la niñez, y procurar la readaptación y el respeto de sus derechos humanos. Sin embargo, en la actualidad no existe esa condición de readaptación a la sociedad y que, por el contrario, la niñez y adolescencia sometidos a medidas de prisión no solo dejan su educación, sino que existe la posibilidad que cometan actos delictivos nuevamente al salir de prisión.
“Aumentar las penas a los delitos y detener y encarcelar a las personas no es la solución a la violencia. Es una medida de corto plazo que puede tener resultados visibles de forma inmediata, pero que no es sostenible. La violencia tiene que atacarse a través de sus causas estructurales. El Estado debe ver cuáles son las razones por las que estas poblaciones que estaban cometiendo estos delitos, entre otras razones, en otros contextos, por ejemplo, la pertenencia a pandillas tiene que ver con la falta de espacios en los que las juventudes puedan encontrar referentes de identidad, escuelas, centros comunitarios, que eso es lo que en el fondo va a romper el ciclo de violencia”, dijo la defensora.
“Tiene que haber una combinación entre una excepcionalidad de la prisión y otras medidas de readaptación y de apoyo social. Tiene que haber una política dirigida específicamente a esas poblaciones”, agregó.
