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La jueza del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María determinó como improcedente la solicitud de arresto domiciliar en favor del exministro de Defensa, José Guillermo García y el coronel Francisco Antonio Morán, acusados de participar en la emboscada y asesinato de 4 periodistas holandeses en 1982. Los imputados continuarán detenidos provisionalmente en un hospital privado, aseguró la Fundación Comunicándonos en una actualización del caso.
José Roberto Lemus, parte de la acusación particular liderada por la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (ASDEHU), explicó a VOCES que en la audiencia especial de revisión de medidas la parte defensora solicitó la cesación de la detención provisional para los dos imputados, alegando su estado de salud y los perjuicios económicos que este proceso ha conllevado.
De acuerdo con la Fundación Comunicándonos, la jueza explicó que no aceptó el argumento de la salud, pues se encuentran actualmente en un hospital privado, óptimo para el resguardo de su salud mental y física.
Asimismo, la jueza sostuvo que los perjuicios económicos que se alegan han ocurrido porque los imputados han decidido permanecer bajo servicios particulares en el Hospital Bautista de San Salvador y no en un centro de salud público. A Guillermo García se le acreditan gastos de $64,384.30 y a Francisco Morán $60,861.06, según la resolución de la audiencia especial de revisión de medidas obtenida por VOCES.
Al principio del proceso judicial la defensa argumentó que los exmilitares no podían estar en un centro penitenciario por motivos de salud. Es decir, se encuentran en el hospital bajo sus propios razonamientos. La jueza dijo que pudieran ser trasladados a un hospital nacional o un centro penitenciario donde no tendrían que gastar más.
Por último, la jueza expresó que el mismo Código Procesal Penal de 1974 no acepta la sustitución de la medida de detención provisional para un crimen con una pena de prisión de más de 3 años. Tanto Guillermo García como Morán se encuentran acusados por el delito de asesinato, que tiene una pena de entre 15 a 20 años de prisión. El CPP de 1974 es el que se está utilizando para el proceso judicial.
“Luego de escuchar dichos argumentos (de la defensa y la acusación particular), la jueza resolvió NO HA LUGAR a la solicitud de arresto domiciliario”, mencionó la Fundación Comunicándonos.
Esta es la segunda ocasión en que la jueza niega la excarcelación de los imputados, habiéndolo hecho por primera vez el 25 de octubre de 2022. El 23 de diciembre del mismo año, la Cámara de lo Penal de Santa Tecla rechazó la apelación de la resolución de la jueza, confirmando la detención de los imputados.
“Es una batalla ganada. Realmente nos alegramos de la resolución de la jueza porque ha dicho no hay lugar a medidas sustitutivas sobre la demanda que han hecho la defensa de los dos exmilitares: el general García y el coronel Francisco Morán”, señaló Oscar Pérez, presidente-director de la Fundación Comunicándonos, oenegé que ha acompañado a los familiares de los holandeses durante todo el proceso.
“Me parece que es un paso importante para ir rompiendo esta cadena de impunidad en estos crímenes de lesa humanidad en El Salvador”, agregó.
Con edición de Diego Hernández
