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El gobierno de Holanda ha saludado la valiente decisión de la jueza salvadoreña que tras 40 años desde el crimen de lesa humanidad contra 4 periodistas holandeses ordenó las capturas de militares: un exministro de Defensa, el antiguo director de la temible Policía de Hacienda y el excomandante de una brigada militar en Chalatenango.
Por Carlos Portillo
El Salvador, el pequeño país centroamericano que sufrió una guerra en la década de 1980, mantiene la estela de dolor e impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en esta oscura etapa de su historia.
Ni gobiernos de derecha, ni de izquierda -tampoco el actual- han dado señales concretas de resarcir los daños ocasionados a las víctimas y sus familiares o trasquilar a los antiguos mandos militares que ordenaron horrendos crímenes.
Pero el 14 de octubre pasado la jueza María Mercedes Argüello, titular del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, un pequeño poblado de Chalatenango en el norte de El Salvador, ordenó la captura de altos mandos militares por su presunta participación de la matanza de 4 periodistas holandeses en una zona rural cercana. Este crimen ocurrió la tarde del 17 de marzo de 1982.
Al saludar la decisión de la jueza, el gobierno del Reino de los Países Bajos confió “en que este proceso legal conduzca a la verdad y la justicia para las víctimas y sus seres queridos”, según un mensaje en la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.
La jueza Arguello giró la orden de captura contra el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena; el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; y el exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García.
Morán y García ya han sido detenidos en El Salvador, mientras que Reyes Mena deberá ser extraditado desde Estados Unidos.
El dictamen de la jueza incluye a otros dos militares ya fallecidos: el general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, y al sargento Mario Canizales, quien dirigía la patrulla de 25 efectivos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal que perpetró la emboscada y masacre de los periodistas.
El equipo completo de IKON TV, integrado por Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen, fue emboscado y asesinado por una patrulla de 25 soldados del BIRI Atonal mientras ejercían su trabajo de informar sobre la realidad de la guerra salvadoreña. Se dirigián a una zona controlada por la guerrilla para contrastar un reportaje que versaría sobre las condiciones de las familias salvadoreñas en San Salvador, así como en las zonas rurales.
Gert Kuiper, hermano del periodista Jan Kuiper, dijo que cuando fueron informados sobre las capturas fue un día muy especial, pues “hemos esperado 40 años para este momento”.
Confió en que esto sea un inicio certero para romper el estado de impunidad que por 40 años ha imperado por el crimen de su hermano y sus colegas.
Añadió que también este paso firme de la jueza es el “arranque de una fase en la historia de El Salvador, (para) que también más personas tengan la posibilidad de obtener justicia para sus familiares que fueron asesinados en la guerra civil”.
La Comisión de la Verdad de la ONU, que en 1993 hizo público su investigación sobre casos emblemáticos de la guerra salvadoreña, señaló como principal autor intelectual del crimen contra los periodistas holandeses al coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
Reyes Mena, graduado de la Escuela de las Américas del curso de orientación para cadetes en 1960, dirigió una de las bases militares que distintas fuentes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala en casos graves de violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada en 1982 de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, por el cual el Estado salvadoreño fue condenado en sentencia dictada el 1 de marzo de 2005.
Actualmente reside en Virginia, Estados Unidos, según pudo constatar un equipo de investigación periodística del canal holandés Zembla en el documental A sangre fría, sobre este crimen de lesa humanidad.
El coronel Francisco Antonio Morán dirigía la Policía de Hacienda (PH), un temible cuerpo de seguridad adscrito a la Fuerza Armada, el cual está señalado como perpetrador de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales actuando en modalidad de escuadrones de la muerte y torturas.
Morán hizo una “atenta invitación”, según constató el periodista Willian Carballo para el libro “La Emboscada” a Koos Koster el 11 de marzo de 1982 a las instalaciones de la PH para ser interrogado tras el hallazgo de un papel con los datos del periodista que cayó del bolsillo de un miembro de la guerrilla mientras huía de militares. Los compañeros periodistas del holandés lo acompañaron.
Al siguiente día de este interrogatorio, apareció en el Diario de Hoy un informe basado en un comunicado del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) titulado: Periodista extranjero contacto de subversivo.
Seis días después, los 4 periodistas holandeses serían emboscados y asesinados en Chalatenango.
El sargento Mario Canizales dirigió la patrulla de 25 elementos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal que ejecutó la emboscada y asesinó a los periodistas holandeses. Graduado de la Escuela de las Américas del curso de patrullaje en 1982. Se sabe que está fallecido.
Los otros personajes mencionados en la resolución de la jueza formaron parte importante en la estructura militar salvadoreña.
El general Rafael Flores Lima era el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada y formó parte de la estructura organizada del poder involucrado en el asesinato. También es señalado de tener participación en las masacres de El Mozote (1981) y El Calabozo (1982). Murió en 2020 en El Salvador.
El general José Guillermo García fungió como ministro de Defensa de El Salvador entre 1979 y 1983, tiempo en el que se le señala de terribles y graves violaciones a los derechos humanos, así como la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
García emigró a Estados Unidos. Fue demandado en ese país por el crimen de las religiosas Maryknoll, el cual fue desestimado, así como por sobrevivientes de tortura de El Salvador.
El militar fue deportado en enero del 2016 a El Salvador por ser acusado de asesinatos y matanzas, como la de El Mozote, en la que cerca de un millar de personas inocentes, muchos niñas, niños y adultos mayores, fueron asesinados por el Batallón Atlacátl. En el marco del juicio de El Mozote goza de medidas sustitutivas a la detención, por lo que es la primera vez que se encuentra capturado para responder por sus actos durante la guerra.
«La impunidad no se ha roto aún, sino que se nos está dando la posibilidad que haya un proceso penal, un juicio justo. Hoy tienen la calidad de sospechosos (los militares capturados) de haber planeado el asesinato», dijo en un programa de Radio YSUCA el abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y litigante del caso, Pedro Cruz.
El abogado explicó que este es el primer paso para que el caso avance, pero es el comienzo de un trayecto que hay que recorrer.
«Continuamos con esta exigencia que se está haciendo desde hace 40 años por parte de los familiares: verdad y justicia», afirmó en el mismo espacio Oscar Pérez. presidente/director de la Fundación Comunicándonos.
