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Foto por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador

“Sí a la vida, no a la minería”: Exigen que El Salvador accione para cerrar la mina transfronteriza Cerro Blanco


“El futuro está en riesgo”, aseguró Julio Gonzales, habitante de Asunción Mita, Guatemala, territorio donde se ubica un proyecto de minería metálica: la mina Cerro Blanco, a cargo de la empresa Relever Resources.


La vida humana, las aguas compartidas entre El Salvador y Guatemala, y el medio ambiente están en peligro, reiteraron este 17 de noviembre un conglomerado de organizaciones ambientalistas y comunidades de ambos países frente a las oficinas en San Salvador del Plan Trifinio, un organismo regional parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).


“Denunciamos que la mina Cerro Blanco es una contaminación. Los dañados vamos a ser de El Salvador y Guatemala. Ante las oficinas del Plan Trifinio decimos: si nuestros lagos están contaminados, qué le vamos a ofrecer a la población, qué le vamos a decir a nuestros hijos el día de mañana, qué les va a quedar más que la destrucción total”, sostuvo Armando Castro, habitante de Metapán, Santa Ana.


La lucha de estas organizaciones y comunidades en contra de la mina transfronteriza data desde 2007, debido a que su operatividad amenaza con la contaminación de los mantos acuíferos del río Ostúa (Guatemala), el lago Guija y el río Lempa (El Salvador).


La problemática evolucionó cuando en 2021, la empresa a cargo solicitó al Ministerio de Ambiente en Guatemala un cambio en la explotación de la misma. Esta pedía procesar un volumen superior a lo establecido inicialmente y pasando de una mina en túnel a una de tajo, que solo dejaría un cráter de hasta 370 metro de profundidad con un radio de 1,200 metros, sino que también, dejará una pila de residuos mineros de 175 metros de altura que almacenará de forma permanente 54.7 millones de toneladas de ellos que producirán drenaje ácido, explicaron las organizaciones.


Pese a que más de una década ha transcurrido desde el inicio de esta lucha, las organizaciones lamentan la inacción desde el Estado salvadoreño para buscar soluciones ante esto. “Sabemos que al interponer denuncias en algunas instancias como Juzgados Ambientales en El Salvador han dicho que no se puede proceder legalmente porque la mina está en otro país, pero a nuestro entender creemos que hay diálogos a nivel diplomático que, si pueden darse, de gobierno salvadoreño a gobierno guatemalteco, solamente requiere voluntad y compromiso de velar por la vida de la gente de ambos países”, señalaron.


Agregaron que, “al no saber, ni escuchar nada sobre la intensión determinada de nuestras autoridades de no permitir la explotación de la mina Cerro Blanco, nos preguntamos si estamos condenados a migrar de nuestros lugares en donde nacimos y formamos nuestras familias. Si la mina Cerro Blanco es explotada ¿Qué alternativas tendrá el gobierno para nosotros?”.


De acuerdo con un estudio del científico estadounidense, Steven H. Enerman, si los residuos mineros o desechos de la mina colapsaran, en solo cinco minutos la comunidad de Trapiche Vagas, Guatemala, quedaría soterrada; en 12 minutos se esparciría hasta el río Ostúa; en 31 minutos llegaría a la frontera con El Salvador y en 49 minutos al lago Guija. Los daños serían irreversibles, según el experto.


“Somos 328 pescadores organizados en 82 proyectos acuícolas, de esta población pescadora sumada con nuestras familias, hacemos un universo de 1,640 personas que dependemos directamente de la pesca en el lago de Guija. Aparte de las personas que estamos organizados en la mencionada actividad pesquera se suman más de mil pescadores artesanales que también residen en las orillas del lago de Guija. Estos pescadores igualmente tienen sus familias que dependen de lo que Guija generosamente hasta el día de hoy nos ha dado”, expresaron.


Frente a esto, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES) y comunidades de ambos países, llamaron a las autoridades estatales y los miembros del Plan Trifinio a accionar e iniciar inmediatamente un dialogo con autoridades del gobierno guatemalteco para detener el proyecto minero Cerro Blanco y así proteger “la fuente de agua más importante para la vida de nuestras comunidades y nuestro país”.


“No a la minería, sí a la vida”, exigieron.

Con edición de Morena Villalobos

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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