“Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) exhorten a los Estados de la región la necesidad de adecuar sus marcos normativos a los principios jurídicos interamericanos sobre libertad de expresión para ir garantizando un sistema de medios más diverso y plural, siempre en beneficio de la calidad de la democracia”, solicitaron al menos cinco organizaciones que trabajan con medios comunitarios, indígenas al mecanismo interamericano.
Estas cinco organizaciones en favor de la libertad de expresión a nivel latinoamericano, expusieron durante una audiencia regional (el 6 de noviembre de 20223), ante la CIDH los diferentes retos, obstáculos y necesidades aún vigentes de este sector comunicacional. Instaron, a su vez, a que activaran sus mecanismos para superar barreras y las vulneraciones en contra de las personas comunicadores de estos medios y los pueblos indígenas.
Damián Loreti, representante del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, (OBSERVACOM), detalló que la tendencia regional ha sido que los Estados siguen sin reconocer a los medios comunitarios e indígenas y calificó a este escenario como un “paisaje mediático concentrado”, dominado por monopolios u oligopolios.
Enfatizó que Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá son los países en la región en los que siguen sin reconocerse formalmente a estos medios. “Los medios comunitarios indígenas se han visto vulnerados en su derecho a la libertad de expresión y libertad de cultura, pues son los más afectados por la discriminación sistemática hacia las radios comunitarias”, dijo.
Adriana Sunun, representante Asociación de Abogados y Notarios Maya, señaló que es este sector de comunicaciones los que se enfrentan, generalmente, a restricciones a fuentes de financiación por medio de difusión de publicidad (prohibiciones parciales o total) o la pauta estatal (escasa o nula), a restricciones respecto a la extensión del área de coberturas y a la desigual oportunidad para la obtención de radiofrecuencias.
Agregó que, en los países donde no existen reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria, las personas comunicadoras son perseguidos, criminalizados, el equipo es incautado, los medios son cerrados, entre otras problemáticas.
Frente a este escenario, las organizaciones solicitaron a la CIDH a incluir en su informe anual un apartado específico sobre la situación de los medios comunitarios e indígenas en la región, a facilitar periódicamente audiencias temáticas regionales y de país sobre esto, a establecer una mesa permanente de trabajo. También pidieron que exhorte a los diferentes Estados a adecuar los marcos normativos eliminar las barreras burocráticas, facilitar información sobre los procedimientos en sus propios idiomas, hacer reservas del espectro radioeléctrico y a frenar las sanciones económicas y procesos judiciales en contra de comunicadores comunitarios.
Asimismo, instaron a la CIDH a pronunciarse ante el incumplimiento del Estado de Guatemala sobre las acciones y medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso “Pueblos indígenas Maya Kaqchikiel de Sumpango y otros VS. Guatemala”.
Entre las organizaciones que solicitaron y participaron en la audiencia temática están la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe (AMARC ALC), la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana en América Latina (WACC AL), la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (SIGNIS ALC) y OBSERVACOM.
“Lo que necesitamos desde el movimiento de la radiodifusión comunitaria e indígena es un sistema de medios diverso y plural”, sostuvo Oscar Pérez, de AMARC ALC.
Con edición de Morena Villalobos
