A pesar de que existen fundamentos legales emitidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para asegurar y proteger los derechos humanos de las radios comunitarias del continente, la situación real para ellas es precaria, dijeron los defensores del derecho a la comunicación.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC ALC) informó que junto con otras cuatro asociaciones que trabajan por del derecho a la comunicación solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en la que expondrán una serie de violaciones a los derechos humanos de las radios comunitarias en América Latina y el Caribe.
A la petición se han sumado la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana en América Latina (WACC AL), la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (SIGNIS ALC) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM).
“En el continente se siguen registrando violaciones sistemáticas a los estándares de libertad de expresión en materia de radiodifusión, particularmente en el acceso a fundar medios por parte de comunidades, organizaciones sociales y pueblos indígenas”, sostuvieron en la petición enviada a la CIDH.
De ser aceptada la audiencia, esta se llevaría a cabo en el 185 periodo de sesiones de la CIDH en octubre de 2022.
El 17 de diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia en el Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs Guatemala, determinando que el Estado guatemalteco era culpable de violar la libertad de expresión y derecho a la cultura de los pueblos indígenas.
Entre las medidas de reparación que ordenó la CorteIDH se encontraba la de adoptar las medidas necesarias para que las radios comunitarias indígenas identificadas como víctimas pudieran operar libremente, establecer un procedimiento sencillo de obtención de licencias, reservar espectro radioeléctrico a las radios comunitarias indígenas y cesar con la persecución penal de ellas.
Sin embargo, más de medio año después el Estado de Guatemala no ha acatado lo ordenado.
Además, otros Estados firmantes de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos no han adoptado las disposiciones para cambiar y ajustar sus normas internas acorde a estos nuevos estándares de derechos humanos sobre radios comunitarias.
“Entendemos imperativo que la Ilustre Comisión analice futuras líneas de acción que permitan mantener vigentes los estándares en los Informes, Declaraciones Conjuntas y sentencias reclamando a los Estados que adopten y remuevan sus normas (en el espíritu de los arts. 1.1, 2 y 13 de la CADH) a fin de expandir los derechos emergentes de los principios que se defienden”, escribieron los organismos.
