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Foto tomada de Diario El Mundo
Entre ellos está la remoción de jueces y la falta de entrega de archivos históricos.
Integrantes de la Asociación de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, mencionaron distintos obstáculos en la obtención de justicia por los crímenes en el contexto de la guerra civil. De acuerdo con ellos, la falta de entrega de los archivos históricos y la destitución arbitraria de jueces son de las principales dificultades que se tienen en los procesos judiciales.
En septiembre de 2020, militares impidieron que el exjuez del caso del Mozote y lugares aledaños, Jorge Guzmán, accediera a los archivos de la Fuerza Armada relacionados con la masacre de aproximadamente 998 niños, mujeres y hombres en Morazán, a pesar de tener una orden judicial que le facultaba hacerlo.
Un año después, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista reformó la Ley Orgánica Judicial para que se pudiera despedir a jueces que tuvieran más de 60 años o que haya servido por más de 30 años. Abogados salvadoreños advirtieron que la reforma era ilegal, pues esta ley solo podía ser reformada por el Órgano Judicial, no el Legislativo.
Por otra parte, la asociación también detalló otros dos inconvenientes: la imposición de recursos penales para obstaculizar el proceso judicial, como apelaciones o casaciones introducidos por el equipo de abogados defensores de victimarios, y la dificultad de acreditar peritos extranjeros especialistas en exhumaciones.
La asociación asistió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para brindar sus aportes a la creación de una Ley de Justicia Transicional.
