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Ingrid Escobar, representante administrativa del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), aseveró a más de un año del régimen de excepción, que las capturas de personas inocentes continúan siendo una realidad en El Salvador.
“El sistema continúa capturando gente inocente”, afirmó Escobar en una entrevista con la radio YSUCA.
Escobar aseguró que con base a casos documentados por la organización, las capturas arbitrarias se están cometiendo de diferentes maneras. Por ejemplo, con las denuncias por llamadas anónimas, pero también con las creaciones de fichas policiales para la justificación de capturas.
“Tenemos varios testimonios de las personas que nos han comentado de que después que han llegado 3,5, hasta 10 veces a sus casas o viviendas comunitarias, lo que ha sucedido es que policía les dice `tenemos que tomarles una fotografía porque en su DUI no se identifica bien su imagen´. Las personas para no verse como que se resisten a lo que las autoridades dicen se dejan tomar la fotografía. Lo extraño es que tres días después, una semana después, llegan y hacen nuevamente el procedimiento de solicitar el DUI, pero hoy si aparece en el sistema, en una ficha policial”, explicó.
Agregó que hay una cadena de responsabilidad sobre las violaciones a derechos humanos, iniciando por el presidente Nayib Bukele, pasando por las diferentes autoridades de justicia, por los agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros.
Asimismo, dijo que de los casos que el SJH ha registrado de personas que han fallecido dentro de los centros penales, el 60% fueron muertes violentas.
Desde la aprobación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, el Ministerio de Justicia y Seguridad afirmó que las personas capturadas por supuesta pertenencia a grupos criminales se elevaban a los 67,467. Hasta finales de febrero, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró que 3,745 fueron liberados.
Escobar aseguró que, tras agotar todas las instancias nacionales, con las familias que así lo quieran, los casos se trasladarán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI), para que las víctimas del régimen de excepción puedan obtener reparaciones, que se proceda con responsabilidad penal sobre los que conocieron o por omisión permitieron las muertes y violaciones a derechos humanos, y que estas no se repitan.
“La justicia tarda, pero no olvida”, dijo.
