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“Vamos a continuar hasta las últimas consecuencias”, aseveró el representante del Foro del Agua, Carlos Flores, tras la captura de Alejandro Henríquez, abogado y coordinador de asuntos jurídicos de dicha organización y también miembro de la Asociación de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS).
La captura fue efectuada en horas de la mañana de este 13 de mayo por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). Henríquez acompañó la noche anterior a familias que integran la cooperativa El Bosque, de Santa Tecla, en un plantón en el que demandaron al presidente Nayib Bukele su intervención para detener un inminente desalojo en contra de 300 familias ordenado a realizarse el 22 de mayo de 2025.
De acuerdo con el Foro del Agua, la PNC llegó a sus oficinas esta mañana y procedieron a la captura de Alejando Henríquez, alegando el supuesto cometimiento del delito de desorden público.
Durante la noche de este 12 de mayo, en el plantón, las personas que participaban fueron confrontados y rodeados por numerosos elementos de la Policía Militar y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Al menos otros dos líderes fueron capturados, entre estos el presidente de la cooperativa El Bosque, José Roberto Pérez, quien también funge como pastor de la Misión Cristiana Elim.
Rechazo nacional e internacional a detenciones
Tras conocidos los hechos suscitados la noche del 12 y la mañana del 13 de mayo, son más de una veintena de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que se han pronunciado.
“Estas acciones constituyen un grave abuso del poder y una violación directa al derecho de cada persona a organizarse y manifestarse de forma pacífica en defensa de sus derechos. La defensa de los derechos humanos y del territorio no es un delito”, denunciaron en un comunicado firmado por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil de El Salvador y Guatemala.
Sobre el inminente desalojo de las 300 familias de la cooperativa El Bosque, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD) exhortó al Estado salvadoreño a adoptar medidas necesarias y destinar recursos adecuados para ofrecer alternativas a los afectados. También llamó al presidente Nayib Bukele a reunirse con las familias.
“El problema de la carencia de vivienda necesita la construcción de soluciones reales. Ignorar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad no ha dado buenos resultados en el pasado, tampoco la violencia”, señaló en un comunicado.
La Heinrich Böll Stiftung México y El Caribe se pronunció por la detención arbitraria del abogado y defensor de derechos humanos Alejandro Henríquez. “Su captura, ocurrida en un contexto de creciente represión, constituye un grave atentado contra los derechos humanos y el ejercicio de la defensa legal en El Salvador”, aseveró. Exigió, además, su liberación inmediata.
También, la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de San Luis Potosí, de México, reconoció la labor del mismo defensor derechos humanos quien egresó de dicha institución, y demandó el cese inmediato de la persecución en su contra.
Por su parte, Amnistía Internacional se refirió la «represión» del plantón de las personas de la cooperativa El Bosque como «una práctica autoritaria» e indicó que «su criminalización pone en riesgo a quienes alzan la voz frente a la injusticia». «La represión no puede ser la respuesta del Estado ante demandas legítimas», añadió.
Con edición de Diego Hernández
