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Como un “grave retroceso al debido proceso y una alarmante señal del uso político del sistema judicial en El Salvador” calificó Cristosal la decisión del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador por ordenar seis meses de detención provisional para la abogada Ruth López.
“Consideramos que esta medida no solo vulnera los derechos fundamentales de Ruth, sino que confirma un patrón sistemático de criminalización en contra de quienes defienden la legalidad, la transparencia y los derechos humanos”, sostuvo la organización en un comunicado.
Ayer, 4 de junio, al interior del Centro Judicial Isidro Menéndez se desarrolló la audiencia inicial en el caso abierto por Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Ruth. En este, la acusan del supuesto delito de enriquecimiento ilícito. El 18 de mayo, cuando fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil en su residencia, el delito del que le acusaban era peculado.
Con la resolución de ayer, el caso de la abogada López pasa a la etapa de instrucción. Sin embargo, para la organización y su defensa, no se respetó el debido proceso, se violentó la detención administrativa, y el tribunal ignoró las “pruebas contundentes” de arraigo en favor de la abogada con las que comprobaban que ella no representa peligro de fuga, ni existe causa legal para que continúe el proceso en detención.
Luego de que finalizó la audiencia inicial, Pedro Cruz, el abogado que representa a Ruth, señaló la resolución como una “aberración jurídica” y cuestionó la puesta en reserva del caso. “Aberración jurídica pues no tiene fundamentos la resolución, lo que la jueza habló sobre el caso prácticamente eran aseveraciones ilógicas y sin asidero probatorio, igual el requerimiento”, denunció.
“Nos estamos preparando para apelar cuando nos entreguen de manera escrita y así ver la manera de revertir la decisión”, añadió ayer.
Con edición de Diego Hernández
