VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Lawyers for Lawyers (L4L), una fundación internacional independiente que trabaja por la defensa de la abogacía libre, urgió al Estado salvadoreño el cumplimiento inmediato y efectivo de las medidas cautelares dictadas recientemente en favor de los abogados Ruth López y Enrique Anaya.
“La CIDH determinó que ambos profesionales del derecho se encuentran en una situación de grave riesgo y urgencia, con amenaza de sufrir un daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud”, indicó también la fundación en una carta enviada ayer, 30 de octubre de 2025, al presidente Nayib Bukele.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 22 de septiembre medidas cautelares en favor de ambos defensores: López, jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, quien se encuentra privada de libertad desde el 18 de mayo de 2025 y permanece hasta la fecha en estado de incomunicación, sin contacto con sus familiares ni representantes legales.
Anaya, abogado constitucionalista, catedrático y crítico del actual gobierno salvadoreño —al igual que la abogada López— se encuentra privado de libertad desde el 7 de junio de 2025. También permanece incomunicado.
Para la fundación L4L, ambas privaciones de libertad representan una vulneración de garantías básicas del debido proceso, incluyendo la imposición de prisiones preventivas “sin fundamento suficiente”, la incomunicación prolongada y la ausencia de acceso a la abogacía.
Las detenciones, señaló en la carta, “parecen constituir represalias directas contra el ejercicio profesional de la abogacía y la libertad de expresión”.
L4L también llamó al Estado de El Salvador a garantizar el bienestar físico y mental de los abogados, respetar plenamente el derecho al debido proceso, así como cesar de inmediato toda forma de acoso, intimidación y criminalización contra abogados salvadoreños.
De acuerdo con el organismo interamericano, una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante el cual esta entidad solicita a un Estado que proteja a una o más personas que se encuentran en una situación “grave y urgente de sufrir un daño irreparable”. Este mecanismo puede ser solicitado por cualquier persona u organización.
