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El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), junto a otras organizaciones de sociedad civil, denunciaron violaciones a la Constitución salvadoreña y advirtieron que en la actualidad El Salvador se enfrenta a una crisis del Estado de derecho.
Como inconstitucional calificaron la reciente reforma del artículo 248, inciso segundo, de la Carta Magna, que avala que una misma legislatura apruebe y ratifique reformas a la misma. Dicho acuerdo de reforma fue aprobado el 29 de abril de 2024 y la decisión fue ratificada el pasado 29 de enero de 2025 por la Asamblea Legislativa, en sus últimas dos configuraciones con mayoría oficialista.
“Denunciamos el abuso y la manipulación de las normas para asegurar por todos los medios el control de las instituciones del Estado”, manifestaron en un comunicado.
Para Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC, El Salvador sufre una “crisis constitucional y del Estado de derecho” desde que Nayib Bukele tomó el poder Ejecutivo: su periodo 2019 – 2024 y la reelección inconstitucional 2024– 2029.
“Sabemos que se viene trastocando la Constitución de una manera arbitraria y eso obviamente significa retroceso en tema del Estado de derecho”, aseguró.
Diferentes analistas políticos y abogados constitucionalistas han denunciado en los últimos años diferentes violaciones a la Carta Magna.
Uno de los ejemplos fue la destitución de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021.
Aunque el mandatario defendió dicha decisión con base al artículo 186 que establece que dichos funcionarios “podrán ser destituidos por causas específicas, previamente establecidas por la ley”, la misa Sala falló y declaró a este acto como inconstitucional.
“Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala, el cual resulta necesario para una República, para la defensa y garantía del elemento sustancial de una democracia (derechos fundamentales, que también forman parte del sistema político) y para asegurar una democracia representativa compatible con la Constitución”, concluyó la Sala de lo Constitucional en el fallo.
Con edición de Diego Hernández
