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“El régimen de excepción ha convertido las cárceles en un negocio de extorsión y muerte. Lo que debería ser justicia, rehabilitación y dignidad se ha transformado en una maquinaria de sufrimiento humano administrada por el Estado (salvadoreño)”, denunció Cristosal.
Con la publicación del informe “El negocio oculto del sistema penitenciario salvadoreño”, la organización aseguró la existencia de una “corrupción institucionalizada” al interior de los centros penitenciarios en el marco del régimen de excepción, una medida aprobada en marzo de 2022 y que continúa vigente hasta la fecha.
La investigación de Cristosal identificó al menos tres posibles modalidades de corrupción, que incluyen sobornos obligatorios disfrazados de “donaciones” para permitir visitas o brindar información; pagos directos a custodios y personal penitenciario para obtener beneficios ilegales; y la presunta participación de abogados que actúan como intermediarios, cobrando hasta $5,000 por una visita y $7,000 por una eventual liberación.
Todo lo anterior, según el informe, ocurre en un contexto marcado por la falta de cifras actualizadas y precisas sobre la población reclusa total, y en el que los familiares se han visto obligados a proporcionar constantemente paquetes alimenticios y productos de limpieza. También enfatizó la incomunicación total de las personas privadas de libertad con el exterior, así como el ocultamiento de fallecimientos ocurridos bajo custodia del Estado salvadoreño.
Sobre este último punto, Cristosal ha confirmado un total de 419 muertes, en las que se señalan posibles condiciones de tortura, desnutrición y falta de atención médica.
Respecto a los lugares donde ocurren los presuntos actos de corrupción, la organización, con base en las entrevistas realizadas, señaló que estos tienen lugar principalmente en centros penitenciarios de Santa Ana y en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, en San Salvador.
Cristosal exhortó a que, en El Salvador, se identifique a los custodios implicados en el contacto y gestión de transacciones irregulares con los familiares de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios, con el fin de deducir responsabilidades y detener las prácticas de corrupción. Además, hizo un llamado al Estado salvadoreño a brindar apoyo a las víctimas de estos actores presuntamente vinculados a la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
“La corrupción en el sistema es un fenómeno que amplifica el sufrimiento de quienes ya se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad. Permitir que actos de extorsión y abuso continúen operando es normalizar un régimen de impunidad institucionalizada que degrada la dignidad humana”, concluyó la organización en su investigación.
