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“El Gobierno de El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele que gobernará los próximos cinco años, no solo es un violador de derechos humanos, sino también un Gobierno que pueda estar cometiendo crímenes de lesa humanidad”, concluyó la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en ingles) en su reciente informe que analiza el supuesto éxito de una guerra declarada por el gobierno a los grupos criminales.
El Salvador, un pequeño país de Centroamérica que históricamente fue caracterizado por la violencia criminal, desde 2019, a la fecha, ha logrado una alta popularidad tanto con sus residentes como con gobiernos de las Américas. La administración de Nayib Bukele ha logrado, sostuvo el SIF, reducir la tasa de homicidios de 100 mil habitantes, a 51 en 2018 y a 2.4 en 2023. La tendencia a bajar se observaba desde 2015, según el organismo.
Sin embargo, el SIF señaló que este escenario se ha configurado de la mano de la suspensión de derechos constitucionales (por el régimen de excepción vigente desde 2022), de reformas legales y legislativas que han derivado en “la consolidación del poder de la persecución penal en manos del Ejecutivo”, la ausencia de contrapesos institucionales, entre otras. Ahora, es posible realizar libremente detenciones masivas y juicios colectivos sumarios, subrayó.
Entre marzo de 2022 a la fecha, las autoridades salvadoreñas han capturado más de 75 mil personas, entre estos 1,100 líderes de grupos criminales. Hay otras alrededor de 12,500 personas que se encuentran detenidas, pero que su supuesta vinculación a estos grupos no ha sido confirmada. “La desproporcionalidad de estas cifras refleja que están deteniendo a población civil sin justificación o motivo y, peor aún, sin investigación previa”, señaló el informe.
Lo anterior, plantea un “serio problema” en el país puesto que además de las violaciones a derechos humanos, el riesgo de que conductas criminales, como la tortura y desaparición forzada incrementan. De corroborarse que, en el actual escenario de El Salvador, las autoridades estén cometiendo detenciones arbitrarias de manera “generalizada y sistemática”, estos delitos, aseguró la organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Organizaciones de sociedad civil y defensoras de derechos humanos reportan más de 200 muertes de personas bajo custodia del Estado dentro de los centros panales, más de 300 desapariciones forzadas, entre otras. Estas cifras, según han reiterado, podrían ser aún más altas, pero no existen datos oficiales por parte del Estado salvadoreño.
El informe detalló que, uno de los elementos principales de los crimines de lesa humanidad es que son generalizados o sistemáticos contra una población civil, y los factores para evaluar si un ataque se dirigió contra una población civil son los medios, el método y la naturaleza de los crímenes cometidos durante el ataque.
En este sentido, las capturas bajo sospechas o estigmas, las faltas de fundamentos jurídicos en detenciones, la extensa prolongación de detenciones provisionales (producto de reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista), el cierre completo de comunicación entre los capturados y sus seres queridos y abogados; la documentación de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; casos de muertes, desapariciones; todo este escenario coloca a El Salvador como un país en el que cometen probablemente crímenes de lesa humanidad.
SIF es una organización que se dedica a la promoción de la gobernanza y la equidad en Centroamérica a través del Estado de derecho y el fortalecimiento de la sociedad civil. También trabaja bajo enfoques de derechos humanos y valores del antirracismo, la descolonización, el feminismo y la justicia social.
Con edición de Diego Hernández
