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“El Gobierno de El Salvador no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”, sostuvo la Embajada de Estados Unidos para El Salvador sobre la situación de trata de personas en el país.
Aunque para 2022, el gobierno salvadoreño reportó un total de 16 víctimas de trata sexual (entre estas, trata infantil), para 2023, esta cantidad supuso un aumento considerable escalando a 40 casos, según el Reporte sobre Trata de Personas de la embajada.
Entre los casos reportados para el año pasado, el gobierno reportó 27 víctimas explotadas en trata sexual, cuatro explotadas en trata laboral y nueve explotadas en formas no especificadas de trata. Asimismo, trece de los casos de trata sexual fueron niñas, dos niños, diez mujeres y dos hombres; y en los casos de trata laboral, se incluyeron cuatro niñas.
Para 2023, señaló la embajada, la Policía Nacional Civil (PNC) investigó 38 nuevos casos de sospecha de trata de persona, que involucraron a 79 sospechosos, mientras que para 2022 investigaron un total de 36 casos que involucraron a 13 sospechosos. También, para 2022, en el país se condenaron a un total de diez individuos bajo una combinación de estatutos de trata sexual y agresión sexual. Sin embargo, en 2023 ningún traficante fue condenado, dijeron.
Aun así, la embajada de Estados Unidos para El Salvador indicó que El Salvador “está haciendo esfuerzos significativos” para cumplir estándares para la eliminación de la trata de personas. Esto, argumentó el ente en su reporte, debido al procesamiento de un número significativamente mayor de presuntos traficantes, el inicio de más investigaciones, la asistencia a más víctimas y el aumento de capacitaciones a funcionarios de primera línea en la identificación y referencia proactiva de víctimas, así como la ampliación del mandato de Unidades Especializadas de Atención a mujeres, Niños y Adolescentes (UAEMNA) para incluir delitos de trata.
En contraparte, sostuvo que, a través del actual régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas también detuvieron a miles de presuntos miembros de grupos criminales bajo cargos de asociaciones ilícitas, lo que produjo el desmantelamiento de redes criminales que ayudaban a la continuidad de la trata sexual y laboral. Sin embargo, estas mismas acciones también se tradujeron en el arresto y detención de niños afiliados a pandillas sin antes evaluar “posibles indicadores de trata” y que los servicios para las víctimas de trata fueran inadecuados y particularmente insuficientes para niños, hombres y víctimas LGBTIQ+.
Frente a este contexto, la embajada recomendó al Estado salvadoreño aumentar más los esfuerzos para investigar y procesar este tipo de delitos y hacer reformas a los actuales marcos legales que penalizan los mismos, pues, señaló, es necesario buscar “sanciones adecuadas” para los traficantes condenados, lo que implicaría sentencias de prisión “significativas”.
Asimismo, llamó a que en el país se incremente la financiación y disponibilidad de servicios especializados a víctimas de trata, incluidas, víctimas de la comunidad LGBTQI+; mejorar la coordinación interinstitucional, la recopilación de datos para documentar, compartir y analizar información sobre esfuerzos contra la trata, entre otras.
Con edición de Diego Hernández
