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Luxemburgo, Marruecos, Francia, Gambia y Alemania, cinco Estados miembros de Naciones Unidas, hicieron una serie de recomendaciones a El Salvador en materia de justicia transicional y derechos humanos en favor de las víctimas del conflicto armado pasado.
En Ginebra, Suiza, El Salvador fue evaluado en materia de derechos humanos por parte de otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte del 4to Examen Periódico Universal. Un total de 74 países participaron, evaluaron y recomendaron a El Salvador.
Solo 5 de 74 de delegaciones de los Estados se refirieron a justicia transicional. Entre estos recomendaron la adopción de una ley de justicia transicional “comprensiva y concordante con estándares internacionales”, reparar a las víctimas del conflicto armado, fortalecer la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) de investigar las graves violaciones cometidas durante el conflicto, y la creación de un registro de víctimas desaparecidas.
España envió la siguiente pregunta escrita anticipada al Estado salvadoreño sobre la temática de justicia transicional: “Desde 2016, existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia instando a promulgar una norma sobre justicia transicional conforme a las obligaciones internacionales de El Salvador en esta materia. ¿El Gobierno tiene previsto avanzar una normativa que garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado?”
En los exámenes a otros países, estas fueron respondidas luego del diálogo de recomendaciones por parte de los Estados durante el EPU. Sin embargo, en esta ocasión no se contestaron las preguntas.
“Agradecemos a los Estados que han hecho eco de las necesidades en temas de reparación a víctimas del conflicto armado y particularmente la necesidad de tener una ley de justicia transicional. Esta es una deuda que viene acarreando el Estado desde exámenes anteriores. Esperamos y pedimos que se haga eco de estas recomendaciones para poder avanzar en materia de justicia transicional, memoria histórica, búsqueda de la verdad y que podamos avanzar en reparación a las víctimas y superar la impunidad”, manifestó a VOCES Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), de la que es parte el IDHUCA, se pronunció recientemente ante la obstaculización por parte de autoridades salvadoreñas de dar trámite a una propuesta, la tercera de su naturaleza elaborada por víctimas del conflicto armado, de ley de justicia transicional. Esta fue entregada a la Asamblea Legislativa en noviembre de 2024 y a la fecha, la correspondencia no ha pasado a pleno, mucho menos a la comisión respectiva para su estudio.
Abraham Ábrego, de Cristosal, también se refirió a que el Estado salvadoreño ha demostrado durante los últimos años poca voluntad política para esclarecer hechos cometidos durante el conflicto armado, pese a existir sentencias que ordenan al Estado la creación de una ley de justicia transicional como en el fallo de la Sala de lo Constitucional sobre la derogación de la Ley de Amnistía de 1993 o la no repetición de crímenes de lesa humanidad como lo dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de El Mozote y lugares aledaños y otros más.
“Hemos visto un retroceso y una retardación de justicia en los casos del conflicto armado y una obstaculización para investigar casos graves”, dijo el abogado.
El EPU, según la ONU, es un proceso en que los Estados son evaluados en materia de derechos humanos por otros Estados miembros de la ONU. Para esta cuarta ocasión en que fue evaluado El Salvador, la delegación la conformó Andrés Guzmán Caballero, el colombiano que es comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, la directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), Linda Amaya, y la directora de derechos humanos de Cancillería, Tania Camila Rosa.
Entre las recomendaciones más frecuentes por parte de los Estados evaluadores se encontraron la derogación del régimen de excepción, el acceso a juicios justos, la garantía del debido proceso, libertad para personas que ya poseen cartas de libertad, y otras relacionadas.
Asimismo, muchos países recomendaron a El Salvador la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).
Con edición de Diego Hernández
