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Ernesto Castro, Suecy Callejas, Katheryn Rivas, Elisa Rosales, Reynaldo Cardoza, Reinaldo Carballo, de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa; así como Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, y Osiris Luna, director de Centros Penales, formaron parte de la lista de funcionarios que representantes del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción.
Según expresó la directora de la organización, Ingrid Escobar, dichos funcionarios han contribuido a la perpetración de los delitos de lesa humanidad a través de la prorrogación mensual del régimen de excepción; así como por el incumplimiento de deberes y actos arbitrarios de los demás funcionarios, entre estos jueces, fiscales, directores de centros penales, de los cuales su información es desconocida.
“Esta mañana venimos a decirle a la Fiscalía que debe iniciar los procesos de investigación por las vulneraciones a derechos humanos que se están cometiendo”, agregó Jayme Magaña, también abogada del SJH.
Ambas defensoras de derechos humanos detallaron cómo en el escenario actual a las víctimas se les vulneran múltiples vulneraciones a derechos humanos. En primer lugar, mencionaron, la negación de la justicia para las víctimas de los grupos criminales, ya que, en su mayoría, los capturados son procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, ignorando demás delitos como violaciones sexuales y otras; y, en segundo lugar, se vulneran a personas inocentes que son capturados sin alguna orden judicial por vivir en zonas altamente estigmatizadas.
Sumado a eso, pese a que muchos de estos detenidos poseen cartas de libertad o medidas sustitutivas a la detención, dichos procesos no son acatados. Otros mueren dentro de las cárceles por causas derivadas del hacinamiento, pero también de malos tratos, crueles o denigrantes.
El SJH ha contabilizado más de 300 muertes bajo tutela del Estado salvadoreño dentro de centros penales. Según un informe de la misma organización, de estas víctimas, más de 48% presentaban signos de torturas. Estos hechos los han registrado principalmente en el Centro Penal de Izalco, Mariona, entre otros, menos en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Desde la primera aprobación del régimen de excepción por parte del Legislativo, a la fecha, han sido capturado más de 80 mil personas, según datos oficiales. Naciones Unidas, a través del Relator sobre la Lucha contra el Terrorismo y la protección de los derechos humanos, junto a otros mecanismos, recientemente reiteraron al Estado salvadoreño su preocupación ante las detenciones masivas y muchas de ellas “arbitrarias”, casos de desaparición forzada, entre otras vulneraciones. Cuestionaron también la sucesiva prolongación de la medida, pues su carácter permanente “parece haber sido despojado de toda excepcionalidad”.
Con edición de Diego Hernández
