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La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, destacó que en El Salvador se ha debilitado el Estado de derecho y la gobernalidadad a través del uso “indebido” de los poderes de emergencia otorgados por el régimen de excepción.
Este deterioro ha generado que exista impunidad en las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en El Salvador desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022. De acuerdo con Ní Aoláin, el combate a la criminalidad ha sido solamente un pretexto para que estas violaciones ocurran.
Algunos de los efectos jurídicos del régimen de excepción ha sido la posibilidad de las autoridades de arrestar a cualquier persona sin tener una orden de detención y la facultad de que estas detenciones superen el límite de tiempo establecido para la prisión preventiva.
En conjunto con la aprobación del régimen de excepción, los diputados, a petición de iniciativas presentadas por instituciones del poder ejecutivo, han aprobado reformas a distintas leyes que han repercutido en la implementación de medidas como la ampliación de penas máximas de prisión a menores de edad.
Estas modificaciones al derecho penal han generado preocupación en la relatora, dijo en un escrito leído por la oficial asociada de derechos humanos, Karen Reyes.
También, la relatora resaltó que ha reconocido de una “extrema tensión, restricciones y acoso a los que se enfrentan actores de la sociedad civil”.
El texto fue leído durante la presentación del informe de Cristosal del primer año del régimen de excepción denominado “detenciones arbitrarias, torturas y muertes: 1 año del régimen de excepción”.
En el informe, Cristosal afirmó que hasta abril de 2023 se pudo constatar con evidencias la muerte de 153 personas que se encontraban privadas de libertad en un centro penal. Además, expusieron que existe actualmente un estado de tortura sistemática hacia las personas privadas de libertad perpetrado por agentes del Estado dentro de las instituciones penitenciarias, las cuales incluyen traumatismos con objetos contundentes, la obligación de mantenerse en una posición por un tiempo prolongado, choques eléctricos, asfixia, uso de gas pimienta y humillaciones.
