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“Se responsabiliza al gobierno de toda detención arbitraria en contra de mi persona y de mis compañeros voluntarios del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), además de todo ataque, desaparición u homicidio en contra de uno de nosotros y familiares”, aseveró Ingrid Escobar, abogada salvadoreña.
Junto a Escobar, el SJH interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de un usuario en X (antes Twitter) que supuestamente la acusó de delitos a la abogada.
“Este señor empezó a realizar publicaciones mediante su perfil donde manifestaba que yo era responsable que la menor de edad del Instituto ITEXSAL (un caso que se viralizó en las redes recientemente) junto a su familia escaparan del país y que al parecer, según este usuario, yo le había metido miedo a la familia. A partir de las publicaciones hay otras que me amenazan de muerte y (pidiendo) que me metan presa”, señaló Escobar.
Explicó también que, con este tipo de acciones, usuarios de redes sociales como este y otros, lo que intentan es crear “notitia criminis” (revelación de un hecho presuntamente delictivo) para que posteriormente autoridades inicien una investigación de oficio.
Además, la abogada aseguró que el aparataje del Estado salvadoreño “ha dado órdenes a sus subalternos que busquen delitos a esta servidora y al grupo que conformamos al Socorro Jurídico Humanitario como voluntarios y que, si no se encuentran, que busquen la manera de construir un caso”.
Sobre lo anterior, detalló que han identificado seguimientos y vigilancias a los integrantes del SJH a sus casas, lugares de trabajo y a las instalaciones de la organización, la intervención ilegal de las comunicaciones por medio de softwares espías como Pegasus y otros, hackeos de celulares, redes sociales, cuentas de correos y computadoras, ataques sistemáticos de cuentas a fines al gobierno y más.
“Nadie en el Socorro Jurídico Humanitario es parte de ninguna agrupación delictiva, tampoco defendemos pandilleros, ni criminales como reiteradamente nos acusan. Nosotros defendemos derechos de detenidos inocentes de manera ilegal y arbitraria, así como de los asesinados en los centros penales o a los que han matado por negarles el tratamiento médico”, indicó la abogada.
Con edición de Diego Hernández
