La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso sobre la destitución de dos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), realizada por la Asamblea Legislativa (2021–2024).
El caso admitido señala como presuntas víctimas a Carlos Sergio Velásquez y Carlos Ernesto Sánchez Escobar. Ambos fueron destituidos, junto con otros tres magistrados y sus suplentes, el 1 de mayo de 2021.
El Legislativo alegó que los magistrados no eran “idóneos” para ejercer el cargo, luego de “haber violentado con sus actuaciones, al momento del juzgamiento de distintas causas constitucionales, diferentes categorías de derechos contenidos en la Constitución”, según el decreto firmado en esa fecha.
La petición que ahora estudiará la CIDH sostiene que estas destituciones carecieron de base legal y constituyeron vulneraciones al derecho a ser juzgado conforme a un procedimiento previo y legalmente establecido, al principio de legalidad y al derecho a permanecer en el cargo como garantía de independencia judicial.
“La Asamblea Legislativa actuó arbitrariamente, sin notificarles de los cargos ni permitirles esgrimir argumentos o pruebas, y la medida constituyó una represalia política por el contenido de sus decisiones judiciales”, alegó también el grupo de abogados que firmó la petición.