El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) reveló este 12 de enero, en Tegucigalpa, Honduras, sus principales hallazgos en torno al asesinato de la destacada defensora de derechos humanos y ambientalista.
El GIEI no solo afirmó que su asesinato, con motivación empresarial, fue el resultado de una operación criminal cuidadosamente planificada, ejecutada mediante una estructura organizada de coparticipación de diversos actores, como grupos de sicarios; sino que además sostuvo que el crimen fue “previsible y prevenible”.
“Existía información concreta en manos del Estado y en tiempo real que alertaba sobre su planificación, incluyendo interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores”, aseveraron en el informe final.
Lo anterior fue confirmado por el grupo de expertos luego de revisar más de 100 horas de intervenciones telefónicas realizadas en el marco de una investigación iniciada por secuestro y narcotráfico en 2015. En ellas, constataron que Mariano Díaz Chávez —militar en activo condenado por el asesinato de Berta Cáceres— coordinó operaciones de narcotráfico y “tumbes” de droga en el norte del país.
En ese contexto, el 4 de enero de 2016, Mariano Díaz se reunió en el municipio de La Ceiba con Henrry Hernández, identificado como personal retirado del Ejército e integrante del grupo sicarial, donde comenzaron conversaciones explícitas sobre el asesinato.
“Pese a contar con esta información en tiempo real, las autoridades estatales hondureñas no activaron mecanismos de prevención, no ampliaron interceptaciones ni ejecutaron detenciones oportunas. Esta inacción, frente a un ‘hallazgo inevitable’, constituye una violación grave del deber de debida diligencia”, manifestaron las expertas y expertos.
Asimismo, el informe recientemente publicado estableció que el asesinato fue financiado con recursos provenientes del proyecto Agua Zarca, específicamente con fondos desembolsados por bancos internacionales de desarrollo, los cuales fueron desviados de su finalidad original. De un monto que asciende a doce millones de dólares desviados, casi veinte mil dólares fueron cobrados en tres cheques del BAC S.A. Honduras por sicarios.
El proyecto Agua Zarca corresponde a un emprendimiento hidroeléctrico promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), contra el que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), coordinado por Berta Cáceres, se opuso y articuló resistencia para frenar el avance de la represa.
En ese contexto, Cáceres fue identificada por directivos de la empresa como un “obstáculo estratégico” para la consolidación del proyecto hidroeléctrico y, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado hondureño no adoptó medidas eficaces para protegerla. La noche del 2 de marzo de 2016, la lideresa ambientalista fue asesinada en su vivienda.
Entre otros aspectos, el GIEI concluyó que los accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca desempeñaron roles relevantes en la conformación y funcionamiento del dispositivo societario y financiero que, en última instancia, posibilitó el asesinato de Berta Cáceres.
El GIEI Honduras también denunció que nunca se investigó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas vinculados al crimen y que persisten vacíos investigativos que, hasta la fecha, han impedido el esclarecimiento pleno de los hechos.
“Mientras no se desarticulen las redes de poder que permitieron planificar, ejecutar y encubrir parcialmente este crimen, Honduras seguirá siendo uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de los derechos humanos”, señalaron.
