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“La situación de impunidad estructural respecto a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno continúa siendo un desafío en Guatemala”, aseveró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH publicó recientemente su informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”, resultado de una visita in loco realizada entre el 22 y el 26 de julio de 2024, en el que se refiere a la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado.
Según el organismo, esta impunidad se ha profundizado debido a la falta de independencia del sistema de justicia, lo que desde 2017 se ha traducido en un patrón de obstaculización, archivo y estancamiento de los procesos de justicia transicional, así como en decisiones judiciales contrarias a las obligaciones internacionales y en la amenaza “permanente” de iniciativas para establecer leyes de amnistía.
Indicó que a esto se suma el desmantelamiento de la institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz, lo que ha comprometido la capacidad del Estado para responder a las demandas de las víctimas y cumplir sus compromisos internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Para la CIDH, desde 2021, todos estos elementos han llevado a Guatemala a un “incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta”.
Asimismo, detalló que organizaciones guatemaltecas de la sociedad civil han denunciado que más de 50 personas operadoras de justicia han sido forzadas al exilio en los últimos años, así como la persecución de víctimas, familiares, querellantes y otros operadores judiciales relacionados con procesos penales sobre graves violaciones cometidas durante el conflicto armado.
La CIDH llamó al Estado de Guatemala a restablecer la institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz, en particular la instauración del Plan Nacional de Dignificación de Víctimas del conflicto armado interno y los procesos de reparación.
Además, instó a crear una institución nacional dedicada a la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, a culminar la clasificación y digitalización de los archivos relacionados con el conflicto armado interno por parte del Archivo de la Policía Nacional Civil y a fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos, en particular, su Unidad Especial de Casos del Conflicto Armado.
