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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a El Salvador a poner fin al régimen de excepción, una medida que suspende tres derechos y garantías constitucionales y que ha cumplido cuatro años de vigencia.
“Al Estado, su llamado a poner fin al uso continuado de esta medida como parte de su política de seguridad para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común”, manifestó el organismo en un comunicado.
La CIDH reiteró que la vigencia del régimen de excepción implica vulneraciones a los derechos humanos. Particularmente, se refirió a las detenciones ilegales y arbitrarias, “sistemáticas y generalizadas”; a los actos de tortura y muertes bajo custodia estatal, así como a condiciones inhumanas de detención; y a las afectaciones a las garantías judiciales, la protección judicial y el debido proceso.
“La Comisión consideró que la mejora de los índices de seguridad en el país indicaría que no persisten las razones objetivas iniciales que justificaron la emergencia. En este contexto, el Estado debe evaluar rigurosamente si la decisión de mantener esta medida excepcional resulta compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indicó.
De acuerdo con información oficial de El Salvador, desde el inicio del régimen de excepción más de 91,500 personas han sido detenidas. Según registros de organizaciones de la sociedad civil e informes presentados ante este organismo, al menos 500 personas han fallecido bajo custodia estatal entre marzo de 2022 y marzo de 2026.
La CIDH también se refirió a la reciente reforma constitucional, aprobada por la Asamblea Legislativa, que permite la imposición de la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo. “La Comisión advierte que su aplicación, en un contexto de suspensión del derecho a la defensa, podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad”, señaló.
