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Amnistía Internacional aseguró, en su más reciente informe, que en El Salvador existe un patrón de “persecución sistemática” hacia personas defensoras de derechos humanos, un escenario que se agravó en 2025.
“Se reprimió la protesta social y se criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces críticas”, aseveró la organización.
Amnistía Internacional, en su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo, se refirió a los casos de Fidel Zavala, portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDECH); el de la abogada Ruth López, quien trabajaba para Cristosal; el del activista ambiental Alejandro Henríquez y el del pastor José Ángel Pérez; así como al caso del abogado constitucionalista Enrique Anaya.
“En 2025, el sistema de justicia penal se utilizó cada vez más de manera indebida para criminalizar arbitrariamente a defensores de los derechos humanos y voces críticas (…) Estos casos revelaron un patrón de persecución sistemática, que incluía la estigmatización por parte de las autoridades, un secretismo inadmisible en los procedimientos, períodos desproporcionadamente largos de detención preventiva y la falta de garantías procesales”, sostuvo Amnistía Internacional.
