VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Por: Juan Carlos Sánchez
Rafael Segura se despidió de la vida el pasado 22 de junio, a sus 63 bien vividos años. Un obrero humilde y sencillo que soportó en carne propia los odios represivos del conflicto armado y el menosprecio de todos los gobiernos de la posguerra hasta el presente, a sus demandas de verdad y justicia.
En julio de 1980, siendo líder estudiantil, fue detenido por la Fuerza Armada y llevado a varios cuarteles del ejército, donde fue objeto de crueles torturas físicas y psicológicas. Al no imputarle cargos, fue liberado a los pocos días, pero fue nuevamente capturado y torturado, en febrero de 1981 y permaneció privado de libertad por más de dos años en varios recintos penitenciarios.
En esa época, fue de los fundadores del COPPES (ahora Comité de Expresas y Presos Políticos de El Salvador) instancia desde la que mantuvo hasta sus últimos alientos, una dura batalla contra la impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad del conflicto armado, incluyendo el suyo.
Por desgracia para Rafael y para miles de víctimas, y gracias a la protección del gobierno a decenas de victimarios de la guerra civil, especialmente de la Fuerza Armada, su caso de tortura no ha sido diligentemente investigado por la Fiscalía General de la República, ni lo ha elevado a ningún tribunal del país, pese que esta demanda fue interpuesta por Rafael en octubre de 2016.
Pero esta actitud estatal nunca fue obstáculo para que, en su condición de luchador y víctima de tortura y detención ilegal, mantuviera su inquebrantable espíritu de lucha como parte activa de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y del Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral. Desde estos espacios, Rafael mantuvo en los últimos años una ardua batalla para que la Asamblea Legislativa aprobara una ley de justicia transicional que reivindicara la dignidad de las miles de víctimas civiles del conflicto armado, para que las fuerzas armadas entregaran la información histórica para localizar a las personas desaparecidas y aportaran pruebas documentales a los procesos judiciales en marcha, para que repararan integralmente los daños causados y para que el Estado adoptara medidas de no repetición.
Sin duda, una tarea que queda incompleta, pero que será retomada por otras personas defensoras de derechos humanos que trabajaron hombro a hombro con Rafael. Rafael Segura, hasta la justicia siempre.
