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Los abogados Jayme Magaña y Otto Flores ampliaron información a las autoridades sobre las presuntas agresiones sexuales y abortos forzados en perjuicio de mujeres privadas de libertad en el marco del régimen de excepción luego de haber sido citados esta mañana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) al Departamento de Investigaciones de Santa Ana a raíz de las recientes denuncias hechas por Magaña y Flores.
“Este día vengo a ampliar declaraciones sobre el aviso que interpuse el día 13 de mayo respecto de las diferentes violaciones sexuales y abortos que se están cometiendo dentro de los centros penitenciarios de mujeres de este país”, aseveró la abogada.
Los abogados sostuvieron que el aviso penal presentado a mediados de mayo fue con base a entrevistas que realizaron con mujeres que han sido liberadas, registros de hechos noticiosos e insumos como informes de organizaciones de derechos humanos.
Magaña alegó que las mujeres suelen ser revisadas totalmente desnudas por custodios hombres en vez de mujeres; que las mujeres privadas de libertad reciben golpes y malos tratos al interior de los centros penales, sin importar si están embarazadas o no, por parte de los custodios y sufren además violaciones sexuales.
“Por los golpes, las embarazadas tienen abortos espontáneos. Al salir, el feto es tomado con una bolsa negra por los custodios y es llevado a las fosas de los penales”, dijo la abogada con base en las distintas entrevistas que llevaron a cabo.
Agregó que, según las mismas mujeres, al interior de los penales son obligadas a realizarse pruebas de embarazo cada cierto tiempo, y, de salir positiva, “a las mujeres que tienen doce semanas les dan pastillas o les ponen inyecciones para abortar”.
“Es muy preocupante debido a que estamos observado que existe, al parecer, un programa sistemático dentro de las cárceles de mujeres en las cuales están sufriendo una violación sexual (…) Y al mismo tiempo estamos viendo abortos forzados”, aseveró Otto Flores.
En la denuncia presentada el 13 de mayo en la sede de la fiscalía en Santa Ana, Magaña resaltó que estas situaciones se están dando a pesar de que desde la aprobación del régimen de excepción las visitas a las personas privadas de libertad han sido suspendidas.
Con edición de Diego Hernández
