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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información adicional antes de tomar la decisión sobre otorgar o no medidas cautelares al abogado salvadoreño y defensor de derechos humanos, Alejandro Henríquez, según confirmó a VOCES el abogado de ciudadanía mexicana, defensor de derechos humanos y solicitante de medidas de protección a la CIDH para Henríquez, Andrés Alcalá.
De acuerdo con la respuesta de la CIDH a la solicitud de medidas cautelares en favor de Henríquez que VOCES pudo constatar, Alcalá debe detallar si Henríquez sigue detenido, en qué lugar está privado de libertad y en qué condiciones se encuentra.
Además, se solicitó describir de manera cronológica y con soportes documentales, fotográficos y audiovisuales (de ser posible) los eventos de riesgo que habría sufrido Henríquez en los meses previos a su detención.
También, mencionar si existen denuncias interpuestas dentro de El Salvador sobre el caso de Henríquez, y cuál ha sido la respuesta de las autoridades a estas, si es que han existido.
Por último, Alcalá debe exponer si han existido avances en el proceso penal contra Henríquez y proporcionar cualquier información adicional que ayude a describir la situación de riesgo del abogado salvadoreño.
Hoy, La Prensa Gráfica informó que el 27 de mayo se presentó el requerimiento fiscal en contra de Henríquez y Pérez por el supuesto cometimiento de los delitos de desórdenes públicos y resistencia. Presuntamente, la audiencia inicial se estableció para el viernes 30 de mayo a las 9 a.m. en el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla.
Oficialmente y al cierre de esta nota, las autoridades no han informado sobre ello.
La contestación de la CIDH a Alcalá fue enviada el 20 de mayo de 2025. A partir del día de esta notificación, se explicita que hay 15 días para responder a las solicitudes del organismo regional defensor de derechos humanos. Alcalá aseguró que todavía se encuentran reuniendo la información necesaria, pero calificó como positiva la respuesta de la CIDH.
Alejandro Henríquez fue detenido por las autoridades salvadoreñas el 13 de mayo; un día después de que la comunidad de la Cooperativa El Bosque desarrolló un plantón frente a la residencial privada del presidente inconstitucional, Nayib Bukele, para solicitar ayuda por una orden de desalojo que se llevaría a cabo el 22 de mayo. Sin embargo, el 16 de mayo, el desalojo fue revocado por el juzgado que había dado la orden. En este contexto también se detuvo al presidente de la cooperativa, José Ángel Pérez.
El 15 de mayo, VOCES dio a conocer que desde México la comunidad académica de San Luis Potosí, a través de Andrés Alcalá, había solicitado ante la CIDH medidas cautelares urgentes de protección para Henríquez para garantizar su integridad física mientras se encuentra detenido, lograr su liberación y cesar su persecución.
