En México, continúan llamando la atención sobre las difíciles condiciones humanitarias de las personas migrantes.
La situación de las personas migrantes de tránsito en México ante la pandemia por COVID-19 preocupa ante la falta de políticas públicas que los respalden ante la emergencia sanitaria.
El 13 de marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un comunicado en el que exhorta a las autoridades pertinentes a implementar medidas cautelares y acciones de prevención para salvaguardar la integridad de personas en contexto de movilidad que denuncian se encuentran en condiciones de hacinamiento en albergues de la frontera sur.
Según el último recuento de la Secretaría de Salud, de marzo del 2020 al 15 de febrero del 2021, 55 personas migrantes fallecieron por COVID-19 y se reportaron mil 208 casos confirmados de contagios.
Esta semana se restringió el paso a actividades no esenciales en las fronteras norte y sur del país, mientras que en la frontera sur se desplegó un operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración (INM), las fuerzas armadas y la Guardia Nacional para “salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los migrantes”, con prioridad en niños y adolescentes.
