VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Por Dr. Roberto Pérez, docente e investigador de la Universidad de El Salvador
El 5 de mayo de 2026 se cumplen diez años de la aprobación de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que reconoció a los medios comunitarios sin fines de lucro. El artículo 6 incorporó la figura de los «medios comunitarios y otros operadores sin fines de lucro». Este reconocimiento fue resultado de una lucha social de posguerra, todavía pendiente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que buscaban profundizar una democracia frágil sobre la base de la pluralidad de medios.
Durante años, el marco legal del sistema de medios favoreció a los oligopolios privados, debilitó al sector público y negó el reconocimiento de los medios ciudadanos. Esto ocurrió por un candado legal que limitaba el acceso al espectro radioeléctrico a un solo mecanismo: la subasta pública.
Desde el surgimiento de la Asociación de Radios Participativas de El Salvador en la década de 1990, comenzó la lucha por la democratización de la palabra. Más adelante, el debate público sumó nuevas alianzas, entre ellas la Red por la Democratización de la Comunicación (REDCO) y la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación. Eran dos expresiones de una misma búsqueda: avanzar hacia una democracia participativa y, con ello, mejorar su calidad.
El principal punto de inflexión fue el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley por el carácter excluyente del mecanismo de subasta. Aunque el recurso incluía otras demandas, la Sala de lo Constitucional solo resolvió a favor en este punto: la resolución Inc. No. 65-2012/36-2014 declaró la «inconstitucionalidad por omisión, en cuanto a que no se han regulado por el Órgano Legislativo mecanismos alternos a la subasta».
En medio de ese debate público se pusieron sobre la mesa dos propuestas de ley, incluida la del sector privado. Sin embargo, quedaron relegadas tanto la propuesta gubernamental sobre medios públicos como la iniciativa de ley de medios comunitarios presentada por ARPAS. Al final, en una fórmula ecléctica y minimalista, solo se incorporó la categoría de «otros operadores sin fines de lucro». Esta reivindicación del derecho humano a la comunicación representó quizá el último avance importante en el fortalecimiento democrático de El Salvador. Después de eso, no hubo mayores progresos y, por el contrario, se ha deteriorado la libertad de expresión y, por extensión, la libertad de prensa.
Diez años después, el balance está lejos de ser positivo. La lucha de dos décadas y la alternancia de dos fuerzas políticas |el FMLN entre 2009 y 2019, y Nuevas Ideas desde 2019 hasta la fecha no lograron profundizar en un asunto clave: la disputa del relato como forma de poder para romper las barreras que limitan el acceso a los medios de comunicación. Ese acceso es fundamental para el debate deliberativo en la esfera pública y para fortalecer la capacidad soberana de la ciudadanía. En esta reflexión me enfocaré en el cierre de cada periodo.
Después de la reforma, entre 2016 y 2019, medios de distintas denominaciones sin fines de lucro se acogieron a ella para renovar sus frecuencias por períodos prorrogables de 20 años. Entre ellos estuvo la fragmentación de la frecuencia 92.1 FM, en la que se concentra la mayoría de radios comunitarias, junto con una minoría que posee frecuencia propia. Sin embargo, según un informe de APES sobre periodismo comunitario, «fue hasta finales de 2024, y luego de denuncias públicas y reuniones con la diplomacia internacional, que fueron notificados de la renovación de solo 4 de las 8 concesiones en proceso».
En ese mismo periodo hubo solicitudes de frecuencias para televisoras comunitarias que no obtuvieron respuesta, bajo el argumento de que aún no existía un reglamento alterno al proceso de subasta. Ese reglamento nunca fue elaborado y, hasta la fecha, ningún medio ha sido adjudicado por esa vía. Incluso en junio de 2021, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC ALC presentó una propuesta de criterios para evaluar proyectos de medios comunitarios que concursaran por una frecuencia de radiodifusión, con el fin de contribuir al proceso, sin lograr mover el tema.
Entre 2019 y 2026 el panorama no ha cambiado y ha empeorado. Cualquier intento de fortalecer al tercer sector de la comunicación ha derivado en persecución. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado, de manera particular, la necesidad de eliminar tres tipos de barreras para los medios comunitarios: legales, económicas y tecnológicas.
Durante la pandemia de 2020 y en los años posteriores, las radios comunitarias sufrieron persecución legal y técnica por parte de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), institución reguladora y garante de aplicar la reforma. En vez de fortalecer el nuevo marco legal, busco vacíos normativos para fiscalizar a las radios y amonestarlas con multas de hasta medio millón de dólares. En ese contexto cerró Radio La Voz de mi Gente, en Tacuba, el 28 de febrero de 2021. También hubo reportes de inspecciones en otras emisoras, como Radio Fonseca, en La Unión, y Radio Suchitlán, en Suchitoto.
Aunque la reforma no cumplió sus objetivos, las reformas posteriores a la ley sí se alinearon con la política gubernamental del régimen de excepción instaurado en 2022. Ese mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Intervención de Telecomunicaciones, que obliga a los operadores a proporcionar la información regulada en los artículos 30 y 30-A. En la práctica, esta norma exige autorizar en un máximo de cuatro horas las escuchas telefónicas. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esto puede generar un «efecto inhibidor» sobre periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general, además de fomentar la autocensura.
Por eso no sorprende la tendencia al descenso en los indicadores de libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras ubica a El Salvador en la posición 143 de 180 países, ocho puestos por debajo de 2025. En 2020 el país ocupaba la posición 74, lo que re fleja un deterioro agudo de 69 puestos en seis años. A su vez, el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, edición 2025 y publicada en 2026, El Salvador aparece en la posición 21 de 23 países de América Latina, solo por encima de Nicaragua y Venezuela, es decir, en el antepenúltimo lugar.
En los últimos años, además, los medios comunitarios vinculados a la defensa del territorio han enfrentado nuevas amenazas. La aprobación en 2024 de la Ley General de Minera Metálica reactivó los riesgos para periodistas y medios que vuelven a confrontar políticas extractivistas impulsadas por el gobierno y por empresas transnacionales. Un ejemplo claro es Radio Victoria, en el norte de Cabañas.
También han afectado económicamente a estos medios las políticas de reestructuración municipal, que redujeron los gobiernos locales de 262 a 44 municipios, así como la disminución del FODES. Esto les restó fuentes de financiamiento provenientes de las alcaldías. A partir de 2025, además, la reducción del financiamiento de ONG por medio de fondos de cooperación como USAID ha impactado de manera indirecta en la autogestión y en la sostenibilidad económica. Finalmente, la ley de agentes extranjeros obliga a toda organización beneficiaria de cooperación internacional a registrarse en la RAEX, ser aceptada en ese registro y solicitar la exoneración del impuesto del 30%, como ocurre en el caso de Radio Izcanal.
En el panorama actual, la sostenibilidad integral de las radios comunitarias es más vulnerable que nunca. En el camino han desaparecido espacios como la entrevista «Voces en contacto», transmitida por ARPAS durante 28 años a través de su red. Además, a raíz de sus coberturas periodísticas, varias emisoras han enfrentado amenazas y persecución, como ocurrió con Radio Bálsamo. El resultado ha sido el cierre de esta radio en 2025, el mismo año en que Radio Sumpul también salió del aire por múltiples factores, entre ellos la presión ejercida por el Ejército durante un cerco de seguridad en Chalatenango.
El debilitamiento de la democracia hace que los medios ciudadanos cobren aún más sentido para la sociedad, pero al mismo tiempo crea un escenario de mayor riesgo para su ejercicio libre. En el 2016 se reportaban 21 radios comunitarias; a la fecha, sobreviven 17 en el espectro radioeléctrico. Retomar el camino de la democratización de la palabra no es sencillo en medio de tantos espejismos mediáticos. Sin embargo, renunciar a ese horizonte tampoco es una opción.
Hoy, defender los medios comunitarios es como cuidar una fogata en plena tormenta: exige constancia, manos colectivas y la decisión de no dejar que se apague la luz que orienta a la comunidad. Se trata de un ejercicio de ciudadanía y de conciencia pública para resguardar la libertad de expresión desde lo local. Porque cuando esa llama se reduce o se extingue, no sólo pierde fuerza una comunidad: también se oscurece la vida democrática. Mejor dicho, sostener viva una voz propia es defender la soberanía ciudadana frente a los poderes del Estado y a los intereses privados que buscan convertir el silencio en norma.
