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“Nuestra Libertad” (Fly so Far, en inglés), largometraje documental que expone la realidad que viven las mujeres frente a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, no ha podido ser estrenada en el país por amenazas de grupos “antiderechos”, pese a que el contenido de la producción cuenta con la aprobación de las autoridades de espectáculos públicos.
Por David Ramírez, periodista de VOCES
La cineasta suiza-salvadoreña Celina Escher, directora de “Nuestra Libertad”, aseguró a VOCES que grupos “antiderechos” amenazaron al cine que exhibiría la producción con interponer recursos legales contra la empresa argumentando “apología al delito doloso”.
“Nuestra película no hace ninguna apología al delito porque habla de las consecuencias de la criminalización del aborto en El Salvador y, pues, una de las consecuencias es que mujeres están injustamente privadas de libertad por sufrir una emergencia obstétrica o aborto espontáneo”, aseveró Escher.
El Salvador es uno de los pocos países en el mundo donde el aborto está prohibido totalmente, lo que repercute en una cantidad de casos de mujeres que, al sufrir emergencias obstétricas o abortos espontáneos, son criminalizadas y han recibido sentencias por homicidio agravado de hasta 50 años de prisión.
La cineasta explicó que la producción no incita a abortar, “sino que retrata la realidad de las mujeres y las consecuencias de la total penalización del aborto en El Salvador”.
Nuestra Libertad ganó el Premio del Gran Jurado del Concurso Iberoamericano en la 47ª edición del Festival Internacional de Cine de Seattle, Estados Unidos; ha sido presentado en alrededor de 50 festivales internacionales ganando otros 18 reconocimientos y ha sido adaptada para la televisión de Suiza y Taiwán.
El estreno de este largometraje estaba programado en El Salvador para el 18 de agosto pasado ya que la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial había aprobado su contenido en clasificación para mayores de 18 años.
Escher resaltó que la decisión del cine de suspender la proyección se debió a las amenazas, pero también en el contexto del régimen de excepción vigente en el país desde el 27 de marzo pasado, lo que mantiene suspendidas varias garantías constitucionales.
A juicio de la cineasta, El Salvador es un “país donde es más necesario ver estas historias, donde es necesario que la gente sepa la realidad de las mujeres; el único país donde las leyes son más extremas, en lo que tiene que ver con el derecho a decidir”.
Sin embargo, lamentó que también es el país “donde tenemos más obstáculos, donde exactamente estos mismos grupos que están en contra el derecho a decidir son los que han boicoteado el estreno de Nuestra Libertad”.
El filme es protagonizado por Teodora Vásquez, una mujer salvadoreña ícono de la valentía en medio de esta situación de criminalización del aborto por parte del Estado salvadoreño. Ella, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue sentenciada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
“El caso de Teodora se ha convertido en un símbolo del extremismo en la criminalización del aborto y de la crueldad en contra de las mujeres dentro del sistema judicial salvadoreño. Pero también en un ejemplo de sororidad, solidaridad y resiliencia”, señala la sinopsis de la película.
Casos emblemáticos como el de “Manuela”, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH condenó a El Salvador, o el de “Beatriz”, demuestran que las mujeres en El Salvador son criminalizadas debido a la prohibición absoluta del aborto.
En su mayoría son mujeres que viven en extrema vulnerabilidad social, según estudios de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, organización que apoya a mujeres criminalizadas por el sistema de justicia tras sufrir emergencias obstétricas.
Manuela tenía cáncer, aunque no lo sabía. Al sufrir un aborto espontáneo a causa de esa enfermedad, fue criminalizada y sentenciada a 30 años de prisión. Sometida a precarias condiciones el Estado no le dio la atención necesaria a su enfermedad y murió sola y esposada en una camilla del Hospital Nacional Rosales, dejando a sus otros dos hijos huérfanos.
“El Estado de El Salvador le falló a Manuela”, dicen algunas pancartas que por este doloroso caso aún se mantienen colgadas en pasarelas de San Salvador y por el cual la Corte IDH ordenó cambiar las leyes sobre el aborto en el país centroamericano, un asunto sobre el cual no se evidencia ninguna voluntad política.
