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El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), con apoyo del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), exhortó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investigar las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción y rendir informe de las condiciones de las personas privadas de libertad.
Las organizaciones lamentaron que a 36 meses desde que fue aprobado el régimen de excepción, la PDDH no ha hecho “ningún pronunciamiento contundente” sobre las graves vulneraciones a derechos humanos, a pesar de que diversos espacios organizados lo han denunciado.
“Desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular denunciamos que el régimen de excepción se ha utilizado para justificar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y aterrorizar a la población. Lo que comenzó como una supuesta respuesta a la violencia de las pandillas, ha derivado en la ilegalidad de un Estado autoritario y militarizado, desde el cual se practican detenciones arbitrarias, juicios colectivos y persecución a la resistencia popular social y comunitaria, y criminalizando la defensa de los derechos humanos”, manifestó Fran Omar, del BRP.
De acuerdo con el BRP y MOVIR, a la fecha, las autoridades salvadoreñas han liberado, la mayoría bajo medidas sustitutivas, alrededor de 10 mil personas, luego de no poder encontrar vínculos con organizaciones criminales. Durante los tres años, la cantidad de personas muertas al interior de los centros penitenciarios asciende a 374, señalaron también.
“Qué lamentable que la Procuraduría fue un producto de los acuerdos de paz y ahora tengamos una institución sumisa cuando más se violentan los derechos humanos”, manifestó Samuel Ramírez, del MOVIR.
Añadieron que el régimen de excepción también ha permitido la represión y criminalización del ejercicio periodístico y la protesta social, así como ha facilitado el despojo y desplazamiento de comunidades y trabajadores de ventas ambulantes.
Con edición de Diego Hernández
