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“Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, manifestó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), una organización de derechos humanos a nivel internacional.
HRW se refirió a una de las recientes reformas a la Ley Pena Juvenil y Ley Penitenciaria aprobadas por la Asamblea Legislativa que estableció que personas menores edad privadas de libertad por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, ahora se trasladarán a centros penitenciarios de adultos.
La organización internacional es una más que se suma en rechazo de dichas reformas alegando la vulneración de estándares internacionales de justicia juvenil, lo que se traduce mayor exposición a la misma población a riesgos de abusos en centros penitenciarios en donde la misma entidad ha expuesto y evidenciado en informes anteriores el cometimiento de torturas, malos tratos, incluso muertes durante el régimen de excepción.
“Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”, indicó Goebertus.
Según el organismo, más de 3000 niños, niñas y adolescentes han sido capturados desde el 27 de marzo de 2022 cuando se aprobó por primera vez un periodo de 30 días del Estado de excepción. Hasta febrero de 2024, HRW contabilizó un total de 1065 niños que fueron condenados por agrupaciones ilícitas, durante la medida que abandera al actual gobierno.
Con edición de Diego Hernández
