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“¡Justicia! Eso espero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en nuestro país, El Salvador, se le negó desde un inicio. Hicieron de todo, menos justicia”, dijo a VOCES Hilda María Jiménez, madre de Katya Miranda, luego de conocer que el caso de su hija fue enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte IDH.
El caso se centra en Katya Natalia Miranda Jiménez, una niña de 9 años, estudiante de tercer grado. El 3 de abril de 1999, ella asistió a un viaje familiar en una propiedad cerca de la playa Los Blancos, en San Luis La Herradura, La Paz. Al viaje asistieron su padre, su abuelo y otras personas. En horas de la tarde se retiró su madre, dejando a las niñas a solicitud del padre.
De acuerdo con la CIDH, en la madrugada del 4 de abril de 1999, Katya fue sustraída de la tienda de campaña en la que dormía y de la propiedad en la que se encontraba su familia; fue violada y asesinada. Los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la niña —indicó la Comisión— evidenciaron que su cadáver no tenía ropa interior ni pantalones, y determinaron que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación al encontrarse arena en sus vías respiratorias. Su cadáver presentaba, además, heridas como rasguños, desgarros y moretones en el rostro y la zona genital, que fueron infligidas de manera previa a su muerte.
Más de 26 años han transcurrido desde los hechos, y la familia continúa buscando verdad y justicia. Hilda Jiménez indicó que el reciente avance del caso ante el mecanismo interamericano significa un “rayo de esperanza”, y denunció que el Estado salvadoreño no ha respondido a sus exigencias como familiares de la víctima.
“El Estado salvadoreño no solo no le hizo justicia a mi amada Katya Miranda, sino que nos destrozaron la vida a mi hija Gina Marcela, a mi padre y a toda mi familia. Pusieron en peligro a mi otra hija, Gina Marcela, y a mí, y nos obligaron a salir del país por 9 años. Me asignaron un agente de seguridad del PPI (Agentes de Protección a Personalidades) que anduvo con Carlos Miranda González (padre), y hubo varias situaciones de peligro para mi persona con el fin de callarme. Todo el sistema falló y me obligaron a buscar justicia en los organismos internacionales”, aseveró.
Benjamín Cuéllar, abogado, representante de Víctimas Demandantes (VIDAS) y quien ha acompañado a la familia de Katya, fue otra de las personas que también celebró la decisión de la CIDH. “Ciertamente este es un buen avance dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo.
En busca reparaciones integrales para las víctimas.
El 6 de diciembre de 2023, la CIDH notificó al Estado salvadoreño sobre un informe de fondo respecto del caso y le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Salvador solicitó siete prórrogas y transcurrió un año y seis meses.
“Las partes no han llegado a un acuerdo para avanzar con el cumplimiento, y las víctimas no han obtenido una reparación por las violaciones establecidas en el informe”, concluyó la CIDH, que a inicios de junio de 2025 envió el caso a la Corte IDH.
Entre las medidas que el organismo solicitó a la Corte IDH se encuentran ordenar que el Estado salvadoreño realice la investigación y el proceso penal de manera “diligente, efectiva, con una perspectiva de género” para esclarecer por completo los hechos e identificar y sancionar a las posibles personas responsables.
Además, pidió ordenar que El Salvador garantice la reparación integral por las violaciones de derechos humanos en el caso, adoptar medidas de compensación económica y satisfacción, y brindar atención a la salud física y mental para Hilda y Gina Jiménez (madre y hermana de Katya).
“El Estado de El Salvador tiene una deuda grande con la niñez porque, a falta de justicia, se siguen cometiendo esos hechos abominables de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. El Estado tiene una deuda enorme de impunidad y de injusticia con el pueblo salvadoreño”, expresó también Hilda Jiménez.
