VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica llamó al Estado salvadoreño a respetar y a “tomar con seriedad” el Estatuto de Roma, aprobado por la Naciones Unidas el 17 de julio en 1998, y otros tratados internacionales que este ha ratificado, para poder prevenir graves violaciones a derechos humanos que durante el régimen de excepción se han cometido.
“Nuestra posición es hacer un llamado al gobierno central de que realmente debe considerar y tomar con seriedad el Estatuto de Roma como un instrumento valioso de protección de los derechos humanos a favor del pueblo salvadoreño y sobre todo aquellas personas que son víctimas de este tipo de delitos que se están cometiendo dentro, inclusive, del marco del régimen de excepción”, sostuvo Miguel Montenegro, integrante de director de la histórica Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).
Con el Estatuto de Roma, aprobado hace 25 años, se conformó la Corte Penal Internacional (CPI) el cual tiene como tarea juzgar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión cuando un Estado no esté dispuesto o no pueda investigar graves crímenes contra la humanidad. Es decir, puede actuar de oficio o bajo una denuncia.
Según el artículo 7 del Estatuto, se consideran crímenes de lesa humanidad cuando el Estado o una organización “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con un conocimiento de dicho ataque”. Entre los que señalan están el asesinato, exterminio, esclavitud, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, desaparición forzada de personas, entre otros.
A 16 meses de la aprobación del régimen de excepción, los cuerpos de seguridad han capturado más de 71,000 personas supuestamente vinculados por grupos criminales, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
De acuerdo con diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, entre estas Cristosal, hasta la fecha han registrado 174 casos de personas fallecidas dentro de los centros penales, los cuales han sido resultado de torturas y lesiones graves, y otras por causas naturales. En ninguno de estos esos han sido juzgados, afirmó recientemente Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, en una audiencia con el Estado salvadoreño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, las organizaciones sociales han reportado que debido a las detenciones masivas los familiares de estos desconocen en qué centro penal se encuentran, conformándose el delito de desapariciones forzadas de corto plazo, pues existe una incomunicación total entre los detenidos y los familiares y defensores.
“Creo que es valioso que el gobierno lo considere (el Estatuto), y haciendo un llamado concretamente al sistema de justicia de nuestro país, y, por supuesto, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que no hay pronunciamiento concreto en favor de las violaciones que se están cometiendo (durante el régimen de excepción)”, dijo Montenegro.
“Este instrumento, como es el Estatuto de Roma y como es el procedimiento de la Corte Penal internacional, son vitales para prevenir las violaciones graves a los derechos humanos”, agregó.
Con edición de Diego Hernández
