Siete años han transcurrido desde que la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General, donde también le ordenó a la Asamblea Legislativa generar una Ley de Justicia Transicional.
Gobiernos y asambleas anteriores, como los actuales, han incumplido con la sentencia y la impunidad continúa imperando a favor de los victimarios, apuntó David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal.
“En El Salvador continúa imperando la impunidad a favor de los criminales de guerra, a los criminales de lesa humanidad que perpetraron masacres, desapariciones forzadas, políticas de torturas, detenciones arbitrarias bajo persecuciones políticas en perjuicio de decenas de miles de personas durante el conflicto armado interno”, aseveró el defensor de derechos humanos.
“Esto no ha sido suficiente para superar una impunidad que se encuentra institucionalizada, es decir, enquistadas en las propias estructuras del Estado, pese a la obligación de llevar adelante investigaciones y juicios penales contra los criminales de guerra”, agregó Morales sobre la derogación de la amnistía.
Entre la década de los 80´s y los 90´s, El Salvador atravesó una de sus etapas más oscuras y sangrientas. Cerca de 75,000 personas murieron en ese periodo en donde se perpetraron incontables graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Tras la firma de los acuerdos de paz, que finalizó definitivamente con el conflicto, la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas publicó un informe en el que retrató y analizó alrededor de 30 casos de estas graves violaciones. Entre estos, la masacre de El Mozote y lugares aledaños, la de El Sumpul, El Calabozo, la emboscada y asesinato de los 4 periodistas holandeses, entre otros.
Solo cinco días después de la publicación del informe en la que señalaban a los presuntos autores intelectuales y materiales de graves crímenes, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía. Dos días después de su aprobación fue publicada en el Diario Oficial, convirtiéndose en ley de la República.
“Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos”, estableció esa ley en el artículo 1.
Cinco años después de su derogación, en octubre del 2021, organizaciones de derechos humanos, junto a víctimas del conflicto, sobrevivientes y familiares, entregaron una propuesta de Ley de Justicia Transicional a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Hasta la fecha esta sigue sin ser estudiada por la comisión.
“Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y la memoria histórica”, fueron los pilares que se plantearon en la propuesta.
“Desde Cristiani (presidente de 1989 a 1994) a Nayib Bukele, (los gobiernos) se han sometido al poder de la Fuerza Armada en la medida que han respaldado esta posición política de impunidad, de bloqueo a las investigaciones, de falta de colaboración con las instituciones de justicia y a favor de las víctimas”, sostuvo el abogado.
Según Morales, desde la derogación de la Ley de Amnistía, la Fiscalía General de la República se ha negado a investigar las cadenas de mando militar. Por el contrario, la actual administración ha negado y obstaculizado el acceso a los archivos militares, dijo.
Actualmente, uno de los casos que ha avanzado en sus etapas judiciales es el caso de los 4 periodistas holandeses, emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982.
Por este crimen, desde el 14 de octubre de 2022, el exministro de Defensa, José Guillermo García, junto al exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, se encuentran detenidos en un hospital militar por su rol en el crimen, luego de que aducieron que no podían permanecer en una cárcel por motivos de salud.
Asimismo, se encuentra en proceso la extradición del excomandante de la 4ª Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quien reside en Estados Unidos.
A juicio de Óscar Pérez, presidente de Fundación Comunicándonos, organización que acompaña el caso de los 4 periodistas holandeses, “el sistema de justicia salvadoreña no actúa a favor de las víctimas. Por su comportamiento todo indica que sigue protegiendo a los victimarios”.
“Por ejemplo, exhibe públicamente a los acusados del caso de la comunidad de Santa Marta, pero protege mediáticamente y nunca ha expuesto a los dos exaltos mandos militares que mantienen detención provisional por el caso de los 4 periodistas holandeses, como son el general Guillermo García, exministro de Defensa y al coronel Francisco Morán, exdirector de la desaparecida Policía de Hacienda”.
En el escenario actual, tanto las víctimas como los victimarios están muriendo sin conocer la verdad y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
“Hemos dicho y seguiremos repitiendo: la impunidad de ayer es la impunidad de hoy”, sostuvo Óscar Pérez.
Asimismo, de acuerdo con Rafael Segura, sobreviviente de tortura durante el conflicto armado e integrante del Comité de exPresos Políticos de El Salvador (COPPES), el llamado reiterado y peramanente de las víctimas es la “pronta aprobación de la Ley de Justicia Transicional y que pongan en el centro de la discusión a las víctimas del conflicto armado”.
Con edición de Diego Hernández