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Organizaciones que integran la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) denunciaron que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado continúan sin una respuesta efectiva del Estado, particularmente los casos de desaparición forzada.
“A más de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, miles de familias continúan esperando que los sucesivos gobiernos–incluyendo el actual–, cumplan con sus obligaciones constitucionales e internacionales de establecer la verdad, garantizar la justicia, identificar a las víctimas, sancionar a los responsables y asegurar reparaciones integrales”, aseveraron en un comunicado.
María Luz Rivas, presidenta del Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero (COMADRES), enfatizó que el Estado salvadoreño no ha escuchado las exigencias de las víctimas del conflicto armado.
“A la Asamblea Legislativa le hemos presentado varios proyectos de ley de justicia transicional, sin que este Órgano de Estado haya aprobado la ley que fue ordenada por una sentencia de la Sala de lo Constitucional en julio de 2016. La Asamblea Legislativa ha tenido diez años para cumplir con esa obligación, pero ha preferido hacer caso omiso a su responsabilidad de legislar en favor de las personas que fueron afectadas por la guerra”, sostuvo.
De acuerdo con Óscar Garza, presidente del Comité de Expresas y Presos Políticos de El Salvador (COPPES), el actual deterioro del sistema de justicia impide que estos casos sean juzgados en los tribunales con el debido proceso.
“En las condiciones institucionales actuales, si no se han juzgados estos delitos que fueron cometidos hace 40 años o más, cómo y cuándo se van a atender los casos de desaparición forzada, tortura o asesinatos que se pueden estar cometiendo en la actualidad”, cuestionó Garza.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, COMADRES, COPPES y otras organizaciones que integran la MECIES exigieron al Estado salvadoreño el acceso “pleno, inmediato y sin restricciones” a los archivos militares, así como la aprobación de la ley de justicia transicional y, con ello, la garantía de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.
“La verdad no prescribe y la búsqueda de justicia no debe seguirse postergando”, señalaron en el comunicado.
Con reporteo de Juan Carlos Sánchez
