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Concentrados frente a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), decenas de familiares de víctimas del régimen de excepción exigieron al director Osiris Luna ver a sus familiares, quienes desde sus capturas han permanecido en total incomunicación.
“Queremos ver a nuestros esposos y a nuestros hijos, queremos verlos. No es justo”, dijeron los familiares con voz alta y con megáfono en mano frente a los edificios de la oficina gubernamental.
El Movimiento de Victimas del Régimen de Excepción (MOVIR), junto al Comité de Presas y Presos Políticos (COFAPPES), abrió un proceso administrativo en la Dirección de Centros penales para exigir a Luna revelar los motivos de la incomunicación de los privados de libertad con el exterior.
“Muchas personas han venido a realizar y a dejar sus solicitudes para una visita, sea familiar o sea una visita profesional pero tampoco a los abogados se les están permitiendo el acceso. Asimismo, los familiares desconocemos las condiciones de salud, psicológicos o enfermedades que estos puedan padecer dentro de los centros penales”, señalaron los representantes de los movimientos.
Agregaron que las visitas de familiares y profesionales se encuentran reguladas en la Ley de Procedimientos Administrativos, otras leyes y reglamentos penitenciarios. Sin embargo, las visitas son negadas, explicaron.
Entre los familiares que se unieron a la protesta se encuentran casos de incomunicación total desde cinco, seis meses o incluso, desde el inicio del régimen de excepción.
“Es una tortura la falta de comunicación”, aseveraron los familiares.
La organización de derechos humanos Cristosal aseguró, en su última actualización de datos, que durante el régimen de excepción ya suman más de 4 mil denuncias sobre abusos y violaciones a derechos humanos. Entre estas reportaron detenciones arbitrarias, abusos de fuerza, posibles desapariciones forzadas y alrededor de 90 muertes dentro de los centros penitenciarios.
El régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo del 2022, se encuentra próximo a cumplir un año de estar vigente y, a juicio de las organizaciones sociales, se ha convertido en una política estatal permanente exponiendo a todas las personas a procesos judiciales sin garantías del debido proceso y a una serie de violaciones a los derechos humanos.
