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Tras el tercer examen periódico de El Salvador con el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, el ente internacional urgió al Estado legalizar la interrupción del embarazo a todas las mujeres y niñas en las tres causales, consistentes del aborto terapéutico, eugenésico y por violación sexual. También, le exhortó a liberar a todas aquellas mujeres que han sido criminalizadas tras sufrir emergencias obstétricas.
“El Estado parte debe velar por que todas las mujeres y niñas tengan acceso efectivo a los medios para interrumpir un embarazo cuando es probable que, de no hacerlo, se produzcan dolor y sufrimientos graves, por ejemplo, cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, cuando la vida o la salud de la embarazada está en peligro, y en casos de malformación fetal mortal”, pidió el comité en su informe final.
El Salvador prohibió de manera absoluta el aborto desde 1998. Durante los últimos años, las autoridades salvadoreñas han condenado alrededor de 142 mujeres hasta 30 años de prisión tras sufrir emergencias obstétricas. Al momento de que las mujeres son procesadas, se les acusa por delito de homicidio agravado, lo cual puede incurrir en penas de más de 30 años.
El Código Penal clasifica los tipos de aborto sancionados desde el artículo 133 hasta el 137, los cuales son: aborto consentido y propio, sin consentimiento, agravado, inducción o ayuda al aborto y culposo, pero la pena máxima que se establece en estos artículos es de 12 años.
“El Comité mantiene su preocupación respecto de las disposiciones del Código Penal que tipifican como delito todos los actos relacionados con la prestación de servicios de aborto o interrupción voluntaria del embarazo y que no contemplan excepción alguna, ni siquiera por motivos terapéuticos, o en casos de violencia sexual”, sostuvo.
Explicó que la penalización absoluta del aborto no solo obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos, lo cual pone en riesgo su vida y su salud, sino que las expone tanto a ellas como a los profesionales médicos que practican interrupciones voluntarias del embarazo por motivos médicos a ser sancionados penalmente.
Es precisamente por la criminalización absoluta del aborto, que el Estado salvadoreño ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como es en el caso de Manuela, en donde la Corte indicó que el Estado le violó distintos derechos humanos por haberla criminalizado tras sufrir un aborto espontáneo.
También, el caso emblemático de Beatriz, mujer a quien se le negó interrumpir su embarazo pese a que padecía cáncer y una enfermedad crónica, ya se encuentra en la Corte y diferentes organizaciones de derechos humanos esperan que próximamente se condene nuevamente a El Salvador.
Por otra parte, se le pidió al Estado salvadoreño adoptar medidas como las directivas que publicó la Organización Mundial de la Salud a inicios del 2022, que establece medidas para ayudar a los países a proteger la salud de las mujeres y las niñas y ayudar a prevenir los más de 25 millones de abortos no seguros que se producen cada año.
