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En su informe independiente durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), al que se enfrentará El Salvador este lunes 20 de enero, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) destacó, entre otras recomendaciones, mantener con vigencia la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, un marco legal normado en 2017 tras presiones de sociedad civil y comunidad internacional.
En contradicción a esta recomendación subrayada en dicho informe presentado en 2024 para el EPU de 2025, y que coincide con unas de las banderas que defienden y exigen organizaciones ambientales, junto a iglesias históricas en el país, la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 23 de diciembre de 2024, a través de la iniciativa del gobierno salvadoreño, la Ley General de Minería Metálica y sancionada por el presidente Nayib Armando Bukele la misma fecha, según el Diario Oficial, derogando la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y legalizando la práctica de la minería metálica en el país.
Mientras tanto, el Estado salvadoreño en su informe nacional presentado en octubre de 2024 también al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no abordó dicha temática. En el documento, de carácter público, el Estado salvadoreño únicamente hace mención en materia a procesos que reconoce como avances, por ejemplo, la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), y algunos planes medioambientales.
El EPU se llevará a cabo el próximo 20 de enero en Ginebra, Suiza, a las 2:30 p.m. (7:30 a.m hora de El Salvador). Esta será la cuarto ocasión en que El Salvador será revisado en el marco de este examen. El último tuvo lugar en 2019, por tanto, en este cuarto se evaluará lo trabajado por la actual administración de gobierno.
Entre las aportaciones por parte de las organizaciones de derechos humanos nacionales, que sumaron casi dos decenas de informes, se refirieron en concreto a los contextos que han evolucionado con la vigencia por alrededor de tres años del régimen de excepción, la minería metálica (ahora permitida), la falta de un marco legal que garantice justicia transicional para víctimas del conflicto armado, entre otros.
Para poder acceder a este informe, haz click al siguiente enlace y presiona el correspondiente a «PDDH – El Salvador – Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador»: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/sv-stakeholders-info-s48
Con edición de Diego Hernández
