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Con la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, una normativa similar a la de países como Nicaragua, Venezuela, Rusia y otras, la comunidad internacional ha manifestado su rechazo y preocupación por el contenido de la ley.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó una “seria” preocupación ante este nuevo escenario en El Salvador en donde, tras ser sancionada la ley, personas naturales y jurídicas que reciben financiación de donantes internacionales tendrán que pagar un impuesto del 30% y se arriesgarán a multas que rondan entre los 100 y 150 mil o 150 y 250 mil dólares.
“La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo, contiene un lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, con algunas pudiéndose ver obligadas a interrumpir sus actividades”, señaló en un comunicado este día la OACNUDH.
Human Rights Watch, quien ha denunciado las violaciones a derechos humanos en El Salvador junto a más organizaciones defensoras, cuestionó que, si bien la ley plantea que su objetivo es la promoción de transparencia, en la práctica ”otorga al gobierno amplias facultades para controlar, estigmatizar y sancionar a grupos de derechos humanos y medios de comunicación independientes que reciben apoyo internacional”.
“Sin duda, la Ley de Agentes Extranjeros busca silenciar a quienes denuncian la corrupción, las violaciones de derechos humanos y las negociaciones secretas con líderes de pandillas por parte del gobierno de Bukele”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Por su parte, la Red EU-LAT expresó su preocupación y señaló la aprobación de dicha ley, además de la detención de la reconocida abogada y jefa del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, como “un punto de inflexión alarmante en progresivo deterioro del Estado de derecho y de los derechos humanos en El Salvador”.
En este escenario fue en el que la Red, conformada por movimientos y organizaciones europeas que promueven la solidaridad entre América Latina y de Europa, urgió a la Unión Europea, a las embajadas y la comunidad internacional a rechazar la Ley de Agentes Extranjeros.
“En este contexto, estimamos de gran importancia que la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad se pronuncie públicamente, reafirmando el compromiso de la UE con la protección del espacio cívico en El Salvador y en toda la región”, manifestó la Red.
El Parlamento Vasco también se refirió a la ley, indicando que su aprobación, y posterior vigencia, “criminaliza la solidaridad y la cooperación internacional”.
A su vez, la Coordinadora ONGD de Euskadi, un colectivo de organizaciones vascas señaló que esta ley en El Salvador “puede suponer un punto de no retorno, en el que se institucionalice la persecución a las organizaciones sociales, y se avance hacia la desaparición de todo el tejido asociativo y crítico en El Salvador”.
En este marco, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) publicó en su red social X que desarrollaron una reunión con representantes de organizaciones españolas que trabajan en El Salvador luego que fue aprobada la Ley por la Asamblea Legislativa con mayoría de curules de Nuevas Ideas el pasado 20 de mayo.
Con edición de Diego Hernández
