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“Lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, esta ley socava la legitimidad y operatividad de actores que desempeñan un rol esencial en la defensa de derechos, la acción humanitaria y la participación ciudadana”, manifestaron hoy 95 organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, nacionales e internacionales.
Con 57 votos a favor y 3 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite este 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros. La iniciativa fue por parte del presidente inconstitucional Nayib Bukele y presentado por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que tendrá un rol importante en la aplicación de la ley.
Mientras los diputados de la Bancada Cyan aseguraron que se trata de un marco que promocionará la transparencia y solventa un supuesto “vacío legal”, las organizaciones sin fines de lucro y de sociedad civil advirtieron que el marco atenta contra la sostenibilidad y refuerza la tendencia de criminalización del trabajo social que las mismas llevan a cabo.
La Ley de Agentes Extranjeros, según la pieza aprobada en pleno, tiene como finalidad promover la transparencia sobre el funcionamiento y la influencia de entes que “responden a intereses o sean financiados, directa o indirectamente, por una persona extranjera”.
Esta obliga a personas naturales o jurídicas que reciban cualquier transacción financiera del exterior de El Salvador a registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y llevar libros contables y registros necesarios para el RAEX.
Prohíbe a personas naturales o jurídicas consideradas agentes extranjeros, entre otras cosas: realizar actividades si no están registradas en la RAEX; llevar a cabo “actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de: alterar el orden público, que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país” y realizar actividades con fondos provenientes de otros países sin antes declarar su naturaleza o su fin a la RAEX; recibir financiamiento o bienes materiales de fuentes anónimas.
También contempla en su artículo 11 que por cada transacción financiera, desembolso, transferencia o importación en especies o bienes materiales provenientes de fondos del “mandante extranjero” se aplicará un impuesto del 30 %, y que por incumplimientos de directrices en la ley o infringir sus prohibiciones, los entes obligados serán sancionados con un monto de entre los 100 y 150 o 150 y 250 mil dólares.
“Nos preocupa el involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional —sin una definición clara— refuerzan un esquema legal que habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de sociedad civil”, aseveraron en un comunicado las 95 organizaciones que se pronunciaron hoy.
Al momento de que una persona natural o jurídica se inscriba en la RAEX, una copia de la declaración jurada irá para la fiscalía, según la ley.
Al grupo de organizaciones también se sumó la Asociación Pro-Búsqueda, que se ha dedicado durante décadas a acompañar los casos de desaparición forzada de niñez durante el conflicto armado. La directora de esa organización, Ana Julia Escalante, afirmó que las víctimas del conflicto también serán perjudicadas.
“Vemos con preocupación este ambiente que se está generando violaciones a los derechos humanos de esta población”, manifestó.
Las 95 organizaciones exigieron el veto o derogación de esta normativa debido a que “promueve la criminalización, el control y la censura contra las organizaciones sociales, así como su impacto en las poblaciones más empobrecidas y vulneradas”. Demandaron también el respeto a los derechos humanos y la libertad para las personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas detenidas durante el actual gobierno.
La discusión de la Ley de Agentes Extranjeros tuvo lugar solo días después que el presidente inconstitucional Nayib Bukele anunció que envió la iniciativa a la Asamblea Legislativa, en el marco en el que representantes de 300 familias que integran la cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, desarrollaron un plantón pacífico para exigir al mandatario su intervención en un desalojo dictado por un tribunal salvadoreño.
Mediante su cuenta de X, Bukele manifestó que en dicho plantón las familias “fueron manipuladas” por organizaciones “globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”. En su publicación anunció el impuesto del 30 %, del cual prometió que será saldada la deuda de la cooperativa por la que fueron sentenciadas a desalojos.
En caso de ser sancionada, la ley entrará en vigencia ocho días después de ser publicada en el Diario Oficial. A partir de ahí, las organizaciones sin fines de lucro y el resto de los sujetos obligados tendrán 90 días para inscribirse en el RAEX, a menos que el RAEX los haya inscrito ya de oficio.
De no estar inscritos, una persona natural considerada agente extranjero se expone a la prohibición de operar de manera temporal o permanente. Una persona jurídica podría ver su personería jurídica suspendida o cancelada. Además, ambas podrían ser multadas con hasta USD$250 mil, dependiendo de la naturaleza de la infracción.
En 2021, el gobierno había enviado un proyecto de ley denominado Ley de Agentes Extranjeros, pero con diferente contenido. Por ejemplo, se contemplaba un impuesto del 40 % en vez del 30 %. Esta propuesta fue aprobada en una comisión de la Asamblea Legislativa, pero debido a presión de organismos de cooperación internacional, la ley nunca fue enviada al pleno para la votación.
Con edición de Diego Hernández
