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“La reelección indefinida debilita los contrapesos democráticos, otorgando al presidente un poder excesivo que puede usarse para priorizar sus intereses sobre los del pueblo, abriendo la puerta a abusos, desigualdad y violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos de la población”, concluye un reciente análisis de Cristosal sobre las reformas constitucionales aprobadas en El Salvador.
Alrededor de las ocho de la noche del pasado 31 de julio, la Asamblea Legislativa —con mayoría de curules del partido Nuevas Ideas— aprobó, con dispensa de trámite, un acuerdo para reformar la Constitución que avala, entre otros aspectos, la reelección indefinida del presidente de la República y la extensión del período presidencial a seis años. El acuerdo ya fue ratificado y las reformas entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Las reformas también incluyeron la eliminación de la segunda vuelta en la elección presidencial y la homologación del calendario electoral para 2027, unificando comicios municipales, legislativos y presidenciales.
De acuerdo con Cristosal, la Asamblea Legislativa carece de facultades para aprobar una reforma constitucional que habilite la reelección presidencial, y el mismo acto de aprobarla constituye una violación a la Constitución.
“El objetivo de la reforma constitucional no es favorecer al pueblo, sino permitir que el actual presidente continúe ejerciendo el poder en violación a los postulados más importantes para la democracia que el pueblo consagró en la Constitución”, señaló la organización.
Ante este escenario, otras entidades como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) también se han pronunciado, calificando estas reformas como el “desmantelamiento de la propia democracia”.
“El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia”, respondió el presidente Nayib Bukele el pasado 2 de agosto a los señalamientos internacionales. Bukele fue electo en 2019 y reelecto en 2024, en un proceso señalado como inconstitucional.
