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380 muertes bajo tutela del Estado salvadoreño registran el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) a tres años de que la Asamblea Legislativa aprobó por primera vez el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022.
“Hemos identificado y confirmado 380 a esta fecha, de las cuales el 40% de estas víctimas mortales dentro del régimen de excepción tienen signos de violencia, es decir, han muerto por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros penales, negación médica”, manifestó la directora del SJH, Ingrid Escobar.
En las causas de las muertes también figuran la negligencia médica, enfermedades terminales y un 0.3% por aparente suicidio, según un informe de la organización presentado hoy. El centro penal de Izalco fue el lugar en donde más muertes se registraron: 138. Al menos 345 de las personas que murieron eran procesadas por agrupaciones ilícitas o el mismo delito y otros relacionados.
La organización defensora de derechos humanos sostuvo que, si bien han confirmado 380 muertes, existe una “cifra negra” que podría rondar incluso las mil muertes bajo tutela del Estado “si se conociera la estadística real de las instituciones de gobierno, o de ser verdadera la información acerca de reos enterrados en fosas comunes o en fosas clandestinas”.
A la fecha, la organización también registra alrededor de 85,500 detenciones por parte de agentes policiales y militares. Un 30% figurarían detenciones arbitrarias e ilegales, indicaron. Cuestionaron también los procesos que niñez entre los 12 y 14 años enfrentan sin investigar previo a su captura si formaban parte de grupos criminales o eran víctimas de estas.
“Debe levantarse”, aseveró Ingrid Escobar sobre el régimen de excepción. “Es una medida que no puede ser permanente. A estas fechas llevamos 36 meses del régimen de excepción, tres años de este donde nos han suspendido garantías constitucionales y derechos humanos a todos los sectores”, agregó.
El Socorro Jurídico Humanitario también exigió el cese de las torturas físicas al interior de los centros penales e instaron a las autoridades investigar de oficio por delito de homicidio los “cientos” de casos considerados muertes violentas dentro de los mismos e informar sobre supuestas fosas clandestinas que han surgido con la aplicación del régimen de excepción.
Con edición de Diego Hernández
