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La Mesa Territorial de la Zona Norte de La Libertad y de San Salvador del Foro del Agua presentaron dos denuncias al Juzgado Ambiental de Santa Tecla para que emita medidas cautelares que detengan la extracción de material pétreo de El Cerrito, ubicado en Quezaltepeque, y del bordo de la entrada a la fuente del río Chacalapa, que han generado consecuencias negativas a las comunidades aledañas.
El representante de la comunidad de El Cerrito, Obdulio Martínez, explicó que debido a la extracción por más de 10 años de los materiales se han generado deslaves e inundaciones que han dejado daños materiales a las 400 familias que habitan El Cerrito. También, que la calle que conduce a la comunidad sufre daños cuando la maquinaria pesada de las empresas extractoras pasa sobre ella, ya que, de acuerdo con él, esta no está diseñada para soportar el peso de las máquinas utilizadas.
“La destrucción de El Cerrito es inmensa… a los señores ricos no les interesa lo que el pobre sufre. Nosotros somos los pobres los que vivimos ahí”, dijo Martínez.
Sara Alfaro del Colectivo Salvemos Valle El Ángel advirtió que el avance del proyecto Ciudad Valle El Ángel ahora amenaza con dañar el bordo de la entrada del río Chacalapa, que sirve como zona de recarga hídrica para el cuerpo de agua.
Alfaro detalló que la gravedad de la situación es que el río es utilizado por la comunidad para abastecerse de agua cuando falla el servicio de agua potable, pero el Chacalapa podría sufrir daños que impidan a la comunidad hacer esto.
Además de ello, denunció que el proyecto de Ciudad Valle El Ángel, razón de la extracción de materiales de Valle El Ángel, ni siquiera construirá casas para personas de escasos recursos, sino residenciales.
En el sitio web de Urbánica, empresa que lleva a cabo la extracción, se especifica que el proyecto está contemplado para desarrollarse en un transcurso de 20 o 30 años, con una inversión de más de $500 millones en un territorio de 490 manzanas que dedicará el 70% del espacio para residenciales y el resto para el comercio y corporaciones.
“Las empresas se van y el daño queda en la comunidad”, afirmó Alfaro.
Las denuncias fueron entregadas en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla. Dalia González Jiménez, del Foro del Agua, afirmó que se busca la emisión de medias cautelares «para poner un alto a esta destrucción que amenaza tanto a la naturaleza como a comunidades empobrecidas que viven en los alrededores».
