VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
El Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, junto con Cristosal, presentó esta mañana una denuncia por incumplimiento de una resolución de libertad en favor de José Duval, un miembro de la comunidad que continúa privado de libertad desde hace más de un año.
“Ya tengo un año de venir luchando y demostrando la inocencia de mi hijo, dando documentos porque mi hijo no es ningún delincuente, ni ha tenido vínculos con pandillas”, sostuvo Marcela Duval, madre de José Duval.
Sobre José Duval explicaron que fue detenido en abril de 2022. Posteriormente, el Juzgado Especializado de Instrucción ordenó su liberación y dictó medidas alternativas a la detención provisional. Cuando salía del Centro Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, fue arrestado nuevamente alegando que estaba acusado en otro proceso.
En noviembre de 2022, el tribunal encargado del proceso se declaró incompetente para tratar la nueva acusación argumentando que ya estaba siendo juzgado por el mismo delito en otro tribunal. El nuevo juez también ordenó su libertad y se notificó un oficio al director del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde Duval se encuentra hasta la fecha, según el Comité y Cristosal.
De acuerdo con Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, este incumplimiento de los directores de los centros penales que se resisten a liberar personas a pesar de las órdenes judiciales podría recurrir en delito de privación de libertad, tipificado y sancionado en el artículo 148 del Código Penal.
Por otra parte, las comunidades del Bajo Lempa pidieron a la PDDH agilizar otros 43 casos de personas privadas de libertad en las que han presentado recursos y llevado a cabo diferentes acciones sin tener respuesta a la fecha.
Con edición de Diego Hernández
