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Desde la plaza Salvador del mundo, hasta la oficina del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos en la colonia San Benito, San Salvador, los integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) marcharon exigiendo libertad y justicia para sus seres queridos capturados. Esto, en el marco del primer aniversario desde la conformación del movimiento.
“Libertad para los inocentes”, “Queremos libertad para nuestros inocentes”, aseveraron los familiares de las personas capturadas por el régimen de excepción durante la marcha. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción y, junto a esta medida, suspendió una serie de derechos constitucionales. Más de 71,000 personas han sido capturados por supuestos vínculos con grupos criminales hasta la fecha.
De acuerdo con diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, desde marzo hasta finales de junio de este año, 5,490 personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Asimismo, organizaciones como Cristosal han documentado, hasta la fecha, un total de 173 casos de personas fallecidas dentro de los centros penales bajo tutela del Estado salvadoreño. Muchos de estos casos presentaban signos de violencia, según una investigación por esta organización.
Este escenario de vulneraciones a derechos humanos fue expuesto recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia con organizaciones sociales y representantes del gobierno salvadoreño.
Sin embargo, el recién nombrado comisionado presidencial para los derechos humanos, Andrés Guzmán Caballero, lo negó. “Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido al hecho de que en El Salvador existen torturas, que existen violaciones a la libertad de expresión (…)”, sostuvo en esa audiencia.
En este marco, MOVIR exigió, a través de un comunicado, la inmediata derogación del régimen de excepción, la derogación de reformas aprobadas durante esta medida; la destitución de los jueces contra el crimen organizado impuestos en el marco de dicho régimen, y que los derechos humanos sean respetados garantizándoles libertad a las personas detenidas arbitrariamente.
Asimismo, exigieron una audiencia con el comisionado presidencial. El comunicado fue entregado y recibido por la oficina del funcionario.
Con edición de Morena Villalobos
