VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Desde la mirada del espacio organizado la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el escenario para las personas que ejercen el periodismo en el país se proyecta más complejo cada vez y las agresiones en contra de estos, escalan nuevos niveles.
Solo en 2023, el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la APES documentó 168 casos de vulneraciones a la libertad de prensa y en estos un total de 311 agresiones de distintas categorías. Esta cifra incluso dobla las registradas de agresiones documentadas en 2022 (147).
“Hemos visto con preocupación un retroceso significativo sobre el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de prensa y expresión en El Salvador”, dijo la presidenta de APES, Angélica Cárcamo.
El balance desde APES del año 2023 reveló que los principales agresores son entidades vinculadas al Estado salvadoreño, que van desde funcionarios como diputados (principalmente del grupo cyan), la Policía Nacional Civil (PNC), militares y otros. En la esfera digital, también se observan a algunos diputados, cuentas anónimas vinculadas o que apoyan al gobierno de turno.
Declaraciones estigmatizantes, el acoso digital, la restricción al ejercicio periodístico, intimidación, violencia basada en género y calumnias son algunas de las principales agresiones que sufren los periodistas.
Para Cárcamo, de APES, desde el interés por parte del Estados salvadoreño por evitar esta situación de agresiones hacia los periodistas ha sido poco, pues casos como la detención durante más de once meses en prisión del periodista comunitario Víctor Barahona, la captura del padre de la periodista Carolina Amaya, entre otros casos, se están registrando.
Lamentó, además. que muy pronto se cumplirán dos años desde que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) al respecto de más de 20 casos de espionaje con el programa Pegasus y que, a la fecha, no existen avances.
Para 2024, la APES prevé que las agresiones contra periodistas incrementen debido al contexto preelectoral, tal como sucedió en 2021. En este sentido, también denunciaron la falta de interés de entidades como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la poca actuación del comisionado Presidencial para los Derechos Humanos en dicho contexto para prevenir agresiones y defender la libertad de prensa y expresión.
Con edición de Morena Villalobos
